La Fiscalía acusa a la exvicepresidenta del gobierno de Artur Mas, Joana Ortega, de saltarse la condena que le fue impuesta por la organización de la consulta del 9-N y solicita que sea juzgada por ello. En su escrito de acusación, el ministerio público pide una pena de 30.000 euros de multa por un delito de quebrantamiento de condena.
Ortega fue condenada junto con el expresident Mas y la exconsellera de Educación, Irene Rigau, a una pena de 9 meses de inhabilitación por haber organizado la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2015. El período de cumplimiento de la pena, según la fiscalía, iba del 23 de enero de 2019 al 19 de octubre de 2019. En ese tiempo, Ortega fue contratada como asesora de la conselleria de Empresa como cargo eventual.
Ejerció como tal entre mayo y octubre de ese año y el TSJC la denunció al considerar que «burló» la pena de inhabilitación impuesta. La Fiscalía considera que la actividad que llevaba a cargo Ortega en el cargo de asesora, por el que cobró 32.110 euros brutos, estaba «directamente conectada» con el Gabinete del Departamento de Empresa, «cuya retribución estaba asimilada a la de un puesto de trabajo de funcionario de nivel A».
Ortega alegó que con el cargo de asesora no ejercía funciones de gobierno, por lo que no entraría dentro de los supuestos que prohíbe la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. De hecho, presentó informes jurídicos de la Generalitat que avalaban su contratación como asesora sin incumplir la inhabilitación impuesta.
