La conferencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a Madrid reclamante propuestas y movimientos en el Estado para resolver el conflicto político con Cataluña desencadenó la reacción de la mayoría de partidos catalanes. Desde el PSC, que a menudo actúa como portavoz del Gobierno español en estas cuestiones, su líder, Salvador Illa, replicó que la autodeterminación no era viable ni una opción, pero puso sobre la mesa su propuesta para resolver el conflicto. “Hay que mejorar el autogobierno. Y en algún momento habrá que corregir la anomalía que el Estatuto vigente no sea el que se aprobó en referéndum”, dijo.
Con todo, no quiso hablar de hacer un nuevo Estatuto, sino de recuperar atribuciones, mejoras o financiación del Estatuto original, pero a través otras leyes. El problema es que estas leyes, si buscaran lo mismo que las partes del Estatuto declaradas inconstitucionales, continuarían siendo inconstitucionales si no se hace ni un nuevo Estatuto ni una nueva Constitución. Y el PSC ha dicho mil veces que no quiere tocar ninguna de las dos cosas. El PSC busca la cuadratura del círculo al pretender la vigencia de aspectos inconstitucionales sin tocar las leyes declaradas como tales, y presentarlo como la solución al conflicto catalán.
