La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, investigada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, se ha mostrado confiada en que la investigación, iniciada a raíz de una querella interpuesta por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, «quedará en nada». En una rueda de prensa, ha asegurado que en el Ayuntamiento «se hacen las cosas bien» y ha afirmado que mantiene una «total tranquilidad» frente a la demanda.
Colau se ha negado a dimitir por la investigación abierta, y ha señalado que plantear está opción está «fuera de lugar». Lo cierto es que esto es precisamente lo que establece el código ético de Barcelona en Comú, según el cual las personas que ocupen cargos electos deben cumplir con el «compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos ya sea por interés propio o por favorecer a terceras personas».
La alcaldesa, sin embargo, ha insistido en que la Fiscalía ya archivó la investigación por los mismos hechos hace unos meses y, en este sentido, se ha mostrado «sorprendida» por la citación judicial, la cual ha conocido por los medios de comunicación. «El único dato que tengo por ahora es que los hechos fueron archivados porque no había indicios de irregularidad. Me parece fuera de lugar plantear cualquier cese», ha aseverado. Barcelona en Comú ha defendido la decisión de Colau de no dimitir, y ha señalado en un comunicado que en este caso la dimisión no procede porque no ha existido «ánimo de lucro personal» por parte de la alcaldesa.
