Denuncian que las residencias se han convertido en prisiones en Cataluña

La Coordinadora 15+1 acusa a los Departamentos de Salud y Derechos Sociales de “jugar a la ruleta rusa con los residentes”

La Coordinadora de Residencias 15+1 considera que las medidas establecidas a principios de año por los Departamentos de Salud y Derechos Sociales de la Generalitat para reducir la incidencia de la pandemia de la Covid en estos centros “son un peligro para la vida de los residentes y para su salud psíquica y emocional”. Esta Coordinadora destaca que estas medidas establecen que “cuando la cobertura vacunal de la tercera dosis en los residentes no sea superior al 85%, los residentes correctamente vacunados, incluso con la tercera dosis, que hayan estado en contacto estrecho con un positivo tendrán que hacer cuarentena en una habitación individual”. Es decir, tendrán que estar catorce días aislados del mundo y de su familia. Y esta asociación de familiares de usuarios de residencias se pregunta “¿y si después hay otro positivo con el que se ha tenido contacto? ¿Catorce días más? ¿Hasta la muerte?”.

Las instrucciones aprobadas por ambos Departamentos del gobierno catalán permiten, en cambio, que los trabajadores de las residencias que hayan sido contacto estrecho de un positivo, incluidos los no vacunados, podrán seguir haciendo su trabajo. Y 15+1 se sigue preguntando “¿es seguro que un trabajador no vacunado contacto estrecho de un positivo pueda seguir trabajando? Porque este trabajador tendrá un contacto estrecho con los residentes, los levanta, les hace la higiene personal, les viste, les da la comida…”. Su respuesta «es NO, la Generalitat juega a la ruleta rusa con nuestros familiares». “¿A quién está protegiendo a la Generalitat? A los residentes obviamente no. Quizá a las empresas que no quieren quedarse sin trabajadores, aunque sea a expensas de la vida de los residentes. Total, sólo son viejos”.

“Después de dos años de pandemia los ciudadanos que viven en las residencias siguen sufriendo un trato absolutamente discriminatorio y se vulneran sus derechos fundamentales más básicos, se les trata como muebles viejos que se pueden arrinconar. Las residencias se han convertido en una prisión, donde las personas que viven no tienen ningún derecho, son presos sin delito ni condena”, denuncia la Coordinadora, que considera ilegales las medidas dictadas por el Govern “porque se confina a personas sanas, se les impide reunirse con la familia y salir al exterior, sin pedir la preceptiva autorización al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya”.

Concluyen los denunciantes que “esta actuación es impropia de los poderes públicos de un Estado que se llame democrático y de derecho. Quien tiene la obligación de defender los derechos de sus ciudadanos no puede vulnerarlos sistemáticamente”.

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