Los desahuciados de la calle Progreso

¿En qué mundo vivimos? ¿Qué sociedad queremos construir? Estas cuestiones esenciales afloran detrás del episodio del desahucio por la fuerza policial, el pasado jueves, de un centenar de migrantes subsaharianos que se guarecían en una nave abandonada de Badalona, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Aquí hemos fallado todos. La Sareb es una empresa con participación del Estado. Por eso, se supone que tendría que tener una dimensión social en una cuestión tan básica y sensible como es la vivienda. En la mayoría de los países europeos, los desahucios están prohibidos en invierno, para evitar que las personas afectadas queden a la intemperie durante los meses más fríos del año. En España, esta norma legal, de carácter humanitario, no ha sido adoptada y haría falta que el Gobierno de Pedro Sánchez -que se considera el “más progresista de la historia”- también la implementara.

Los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como es el caso de estos migrantes de Badalona, sufren con especial intensidad los estragos económicos que provoca la pandemia de la covid. En estas condiciones tan adversas, pensar que podrán tener los medios económicos para acceder a una vivienda de alquiler es una quimera, empezando por la imposibilidad de merecer la confianza de cualquier propietario o agencia inmobiliaria.

Este 2022, las administraciones -todas- presumen que tienen unos presupuestos expansivos, gracias al colchón que ha proporcionado la Unión Europea. Con voluntad política, el Ayuntamiento de Badalona, el Área Metropolitana de Barcelona, la Diputación o la Generalitat, que pregonan a los cuatro vientos su vocación social, habrían podido encontrar, con mucha antelación, una solución habitacional para este centenar de migrantes, antes de la contundente intervención, por orden judicial, de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra.

¿Para qué sirve la política? ¿Para qué sirven los políticos? Pues, prioritariamente, para evitar situaciones de emergencia vital como ésta. El resultado de su incapacidad es que un gran número de estos migrantes desahuciados se han añadido a la legión de gente que se ve obligada cada noche a dormir en la calle, para vergüenza del conjunto de la sociedad catalana.

Para más inri, la nave desahuciada por los Mossos d’Esquadra está ubicada en la calle Progreso. ¿Qué es este “progreso” que fuerza a las personas de África a marchar de su país y que, cuando llegan a Europa, no tienen derecho ni a un techo donde protegerse? Nos lo tenemos que hacer mirar.

El contundente desalojo de estos migrantes se encabalga con la muerte, días atrás, de dos personas que vivían en una chabola en Montcada i Reixac, a causa de la intoxicación por el humo de una estufa con la que se calentaban. Estos migrantes habitaban en un campamento de barracas que se ha consolidado en la ribera del río Besòs. O las cuatro personas de una misma familia que murieron, a finales de noviembre, en el incendio de una antigua sucursal bancaria en la plaza Tetuán de Barcelona, que habían ocupado para vivir.

Los catalanes nos consideramos una sociedad solidaria y muy avanzada en políticas sociales. Lo comparto y me alegro sinceramente. Todos los políticos de nuestro “mainstream (ERC, PSC, JxCat y comunes) se llenan la boca y presumen de ello. Las instituciones no paran de hacer reiterados anuncios en este sentido y subrayan la fuerte dimensión social de los presupuestos aprobados.

Pero, después, la contundencia y el dramatismo de los hechos lo desmienten. Si los propósitos son buenos, si la voluntad y los instrumentos económicos existen, ¿por qué el sistema de protección falla, a menudo, de manera tan estrepitosa, como también vemos con el desbarajuste de la estrategia de lucha contra la covid?

El partidismo extremo y el cainismo político, de carácter endogámico, hacen mucho daño a Cataluña. La sociedad exige a la clase política que se deje de tacticismos frívolos y estériles y, con una actitud positiva y constructiva, forje todo tipo de acuerdos y de pactos para dar respuesta a las emergencias que nos abruman, entre las cuales está la construcción de viviendas públicas –aunque sean provisionales- para acoger a toda la gente que no tiene dónde vivir o dormir.

Dejar a los migrantes de Badalona en la calle sin ninguna alternativa habitacional, permitir la consolidación de núcleos de chabolismo como el de Montcada i Reixac o tolerar “okupaciones” que comportan un grave riesgo para las personas que viven en espacios precarios es una grave irresponsabilidad de las administraciones –todas- que tienen competencias. No es admisible que se hagan el loco  o que intenten traspasar las culpas a otros.

Todos los políticos, sean del color que sean, en el ejercicio de cargos públicos, tienen que colaborar entre ellos de manera honesta e intensa para afrontar los problemas de la sociedad catalana, que ésta es la prioridad y la razón por la que cobran su salario (normalmente, espléndido). Las elecciones son cada cuatro años y la ciudadanía ya es suficientemente madura para valorar a qué opción le da su voto, en función de los resultados de la gestión realizada.

El electoralismo y la agitación permanente son una “enfermedad infantil” que afecta al conjunto de nuestra clase política. Hay que exigir que esta pésima comedia se acabe y que nuestros representantes se dediquen, en cuerpo y alma, a trabajar para el conjunto de la sociedad, sin apriorismos partidistas ni cálculos electorales de futuro para intentar mantener sus privilegios.

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