La Generalitat de Cataluña anunciaba a bombo y platillo, el 9 de enero de 2020, que era la primera institución en crear un comité de expertos para velar por los derechos fundamentales ante las medidas de protección de la salud en situaciones como la de la pandemia provocada por la covid-19. Ahora, un año y medio después de la creación del comité de expertos, el ejecutivo catalán ha disuelto este equipo de profesionales y ha decidido no publicar el informe que había elaborado el comité y que era crítico con algunas de las medidas anticovid impuestas.
El equipo se creó bajo la tutela del Departamento de Justicia, en aquel momento bajo la dirección de la consejera republicana Ester Capella, y siendo presidente de la Generalitat, Quim Torra. El comité estaba formado por doce expertos de diferentes ámbitos académicos y profesionales que tenían que velar porque las medidas que se tomaran durante la pandemia y otros escenarios similares no vulneraran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora, el ejecutivo del republicano Pere Aragonès y con el Departamento de Justicia en manos de la exconvergente Lourdes Ciuró, ha decidido liquidar el comité.
En declaraciones al programa Aquí con Josep Cuní de la SER, la directora de la Cátedra de Bioética de la Universidad de Vic y miembro del comité de expertos, Nuria Terribas, ha denunciado que los trabajos del grupo se centraron en un principio en las normas que marcaba el gobierno central y que después se ampliaron a las competencias que cogió la Generalitat.
Nuria Terribas ha lamentado que no se acabe haciendo público el documento que han hecho, puesto que «nosotros entrábamos en el análisis de esto, a pesar de que fueron medidas que aplicó el gobierno español y no la Generalitat, pero posteriormente también entrábamos en el detalle otras cosas que sí que eran competencia y son todavía competencia autonómica, y creemos que eran una extralimitación». Terribas ha concretado, «por ejemplo podríamos extrapolar el debate que tenemos en este grupo a las medidas de hoy con el tema de la exigencia del certificado covid por ciertas actuaciones, o para participar en ciertas cosas, o entrar a ciertos lugares, o cuestiones similares».
La hasta ahora miembro del comité de expertos ha afirmado que «el documento era bastante crítico, sobre todo porque la primera parte de las medidas, que evidentemente estuvieron centralizadas por el gobierno español como todos sabemos, se extralimitaban. De hecho, el Tribunal Constitucional anuló el estado de alarma que el gobierno (central) había decretado de acuerdo con una normativa del año 81 que no era suficiente y que no sustentaba la limitación de derechos que supuso».
Terribas ha lamentado que en el periodo que va desde el inicio de la pandemia no se ha hecho el intento de un cambio del marco legal que vele por los derechos de los ciudadanos en pandemia. Terribas afirma que «no se ha hecho el intento, ni se ha hecho la manifestación política pública, de ponerse a hacer este cambio normativo. Y yo creo que es urgente e imprescindible, porque ahora tenemos la covid, que se acabará en un momento u otro, pero podemos tener otra situación similar y el ciudadano tiene que saber donde quedan sus derechos, con qué limitaciones, si es que se tienen que imponer y con qué justificaciones de estas limitaciones, no olvidamos que estamos en un estado de derecho».
