El Ministerio del Interior gastó 2,1 millones de euros comprando 1.000 pistolas eléctricas Taser para ser distribuidas entre agentes de la Policía Nacional, ahora hará dos años. Según publica La Vanguardia, a estas alturas las 600 unidades, que las dos empresas asociadas que ganaron el concurso de adjudicación han entregado, se encuentran sin distribuir. También se da la circunstancia que los agentes de la Policía Nacional no han recibido todavía la formación específica para poder usar estos dispositivos electrónicos.
En este contexto, los sindicatos mayoritarios con representación en el Cuerpo Nacional de Policía consideran que es urgente la distribución de las Taser entre los agentes, al considerar que supone un beneficio en la operatividad de la Policía Nacional y un elemento que mejora la seguridad de los agentes. Se da la circunstancia que tanto el Cuerpo de Mossos d’Esquadra como el de la Ertzaintza ya usan pistolas eléctricas, y también en toda España hay unos 200 cuerpos de policía local que trabajan con estas armas.
Desde el Ministerio del Interior se apunta que los proveedores de las Taser darán formación sobre estos dispositivos a más de una veintena de instructores que serán los que después formarán al resto de agentes de la Policía Nacional. Está previsto que esta formación se haga el primer trimestre de 2022, pero Interior tendrá que hacer una nueva licitación para comprar cartuchos para los dispositivos. A estas alturas tiene 2.800 cartuchos que se compraron por 100.284 euros que, según fuentes policiales, se agotarán durante las formaciones a los agentes.
Otro problema con el cual se encuentra Interior para usar las Taser es el hecho que cada inmobilitzador tiene que tener un dispositivo de grabación, como aseguró el director general de la Policía. Actualmente, la dirección general solo cuenta con 150 cámaras de video corporales, unos dispositivos esenciales según los sindicatos, puesto que las imágenes pueden presentarse en procesos judiciales como pruebas.
Las pistolas Taser han recibido las críticas de diferentes asociaciones pro derechos humanos al considerar que su uso comporta un alto riesgo de tortura a la persona que se le aplica la descarga eléctrica. La descarga que aplica una Taser es un impulso eléctrico de unos 50.000 voltios y una duración limitada a unos cinco segundos, que confunde al sistema nervioso y produce una paralización muscular que provoca una incapacitación temporal de la persona.
