La Xarxa per la Conservació de la Natura, conservacio.cat, Ecologistes de Catalunya y la Societat Catalana d’Educación Ambienta consideran que el uso que se hace en los presupuestos de la Generalitat para el año 2022 del dinero destinado al Fondo de Patrimonio Natural incumple los compromisos del gobierno asumidos por la Agència de la Natura y en la lucha contra el cambio climático «comprometiendo las políticas de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad presentes y futuras». Así lo han dado a conocer en un comunicado en el que recuerdan que Cataluña “es la única comunidad autónoma, junto a Madrid, que no tiene un Catálogo de Fauna Amenazada y va a la cola en la aprobación de los Planes de Recuperación y Conservación de las especies más amenazadas; acumulando un retraso de casi dos décadas”.
Las asociaciones ambientales explican, en este comunicado, que “2021 debía marcar un punto de inflexión en la conservación de la biodiversidad, con el Fondo de Patrimonio Natural que multiplicaría por 10 el presupuesto de 2016. Las entidades del tercer sector ambiental nos lo creímos, sobre todo en el peso que tendría este fondo para promover un salto cualitativo en las políticas de conservación e impulsar una verdadera transformación ecológica y social. A las puertas del cambio de año y después de analizar con detalle los nuevos presupuestos de la Generalitat para 2022, nos preocupa profundamente que el gobierno esté renunciando al mandato legal de utilizar los recursos del nuevo impuesto de CO2 para impulsar políticas de conservación de la biodiversidad sólidas y ambiciosas”. Y lamentan que “una parte del Fondo del Patrimonio Natural se desvía a financiar políticas distintas a las de conservación y a gastos de funcionamiento ordinario de organismos existentes de la Generalidad de Cataluña, que ya disponían de presupuesto antes de la creación del fondo, en lugar de destinarse a acciones e inversiones claras y directas de mejora de la biodiversidad, lo que incumple claramente la legislación y los objetivos marcados”.
Los presupuestos prevén unos ingresos de 160 millones de euros procedentes de la recaudación del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica y la Ley Catalana del Cambio Climático determina que la mitad de ese dinero nutra el Fondo de Patrimonio Natural y la otra mitad el Fondo Climático. Las entidades ecologistas consideran que, al analizar los presupuestos, “no podemos afirmar que las partidas financiadas con el Fondo de Patrimonio Natural se acojan a los objetivos marcados por la ley”, porque un 29% de ese dinero servirá para financiar gastos ordinarios de la dirección general de Ecosistemes Forestals (9,8 millones), el Centre de Propietat Forestal (5 millones), Forestal Catalana SA (5,7 millones) e Infraestructures de la Generalitat (10,2 millones), reparto que entienden que “ no se ajusta al mandato legal de este fondo” y “no permite distinguir ni fiscalizar las actuaciones o subvenciones que se destinarán a conservación en el ámbito forestal”.
El comunicado se cierra con seis demandas al gobierno de la Generalitat, entre las que se incluye “redefinir el reparto del Fondo del Patrimonio Natural, de forma que se ajuste a la normativa y a los objetivos por los que fue creado”, “destinar el Fondo del Patrimonio Natural a aplicar mejoras a los hábitats y especies en situaciones de conservación críticas” y “en caso de destinar partidas a organismos existentes de la Generalitat, como Forestal Catalana e Infraestructures de la Generalitat, tener conocimiento del detalle y garantías de la afectación de ese dinero a políticas de conservación de la biodiversidad reales y directas”.
