La Confederación Empresarial del Tercer Sector Social en Cataluña denuncia que los presupuestos de la Generalitat para 2022 aprobados por el Parlament avocan a las entidades no lucrativas que agrupa “a un período de gran inestabilidad e incertidumbre dado que no incorporan ninguna mejora en la financiación de servicios de atención a las personas” a las que atienden. Esta Confederación analizó el proyecto de presupuestos e hizo llegar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a los consejeros de Economía y Hacienda y de Derechos Sociales, Jaume Giró y Violant Cervera, dieciséis propuestas de adición que, según el comunicado que ha emitido, «no han sido consideradas».
En este comunicado, la Confederación alerta de que «hay carencias importantes en cuanto a la financiación de los servicios sociales de atención a las personas» y que «los presupuestos de la Generalitat no prevén ninguna mejora en la financiación de los servicios de atención a la gente mayor, de los servicios de salud mental, de los servicios de atención a personas con discapacidad, de los centros de atención precoz, de los servicios de acción social con niños, jóvenes, familias y otros colectivos en situación de riesgo, de los servicios de inserción laboral, de los servicios de atención domiciliaria, de los servicios de ejecución penal, o de los servicios de ocio educativo, entre otros”.
Además, recuerda que “el sistema catalán de servicios públicos de carácter social de atención a las personas viene sufriendo una infrafinanciación crónica desde hace más de 10 años y los compromisos de reconocimiento del sector social como pilar del Estado de Bienestar no se ven reflejadas en las cuentas aprobadas” y calcula en 180 millones de euros el incremento presupuestario necesario para adecuar el gasto del gobierno de la Generalitat a las necesidades del sector social.
El presidente de la Confederación, Joan Segarra, afirma que «somos plenamente conscientes de que en un año no se podrá revertir la década de recortes y congelación que venimos sufriendo, pero ahora era el momento de realizar un gesto decidido y no lo hemos visto» y apunta que “hay que recordar, una vez más, que estamos hablando de servicios de responsabilidad pública y por tanto, es responsabilidad de la administración dotar a los servicios del presupuesto necesario -independientemente del instrumento de colaboración (concierto, contrato, subvención, gestión delegada)- para asegurar unas condiciones óptimas que permitan alcanzar la calidad de la atención deseada, la necesaria sostenibilidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales de las profesionales”. Además, asegura que “el país no puede permitirse seguir debilitando nuestro tejido social a costa de políticas de contención y, por tanto, hay que invertir en el fortalecimiento del sector social, un sector que sin duda es estratégico para la recuperación social y económica de Cataluña”.
La Confederación ha anunciado que, a partir de este mes de enero, impulsará iniciativas para conseguir «las mejoras que se merece el sector y las profesionales que forman parte de él» superando las limitaciones de financiación que conllevan los presupuestos aprobados. Esta Confederación agrupa cerca de 1.200 organizaciones y unos 100.000 profesionales del tercer sector social.