Juan Carlos I, rey emérito de España, ha alegado frente a la justicia británica no ser “un jubilado inactivo” en base a su actual estatus legal y que, por tanto, hasta que se retiró de la vida pública el 2 de junio de 2019 ha sido «un miembro muy activo de la Familia Real», según El Español.
Con este argumento, el ex-monarca trata de convencer al juez Matthew Nicklin de que es inmune frente a la jurisdicción británica tras la demanda que le interpuso su ex-amante Corinna Larsen. Ésta reclama a Juan Carlos I una indemnización tras haber sufrido, según denuncia, una campaña de acoso, seguimientos ilegales y difamación después de que ella se negara a devolverle los 65 millones de euros que el entonces rey de España le había transferido desde Suiza en 2012.
El juez Nicklin ha recibido un informe conjunto de las dos defensas –José Antonio Choclán (contratado por la defensa de Larsen) y Bernardo del Rosal (por parte de Juan Carlos I)- al que ha tenido acceso El Español. Ambos letrados concuerdan en que la inviolabilidad del rey fue total hasta su abdicación en 2014, pero difieren de su protección más allá de esa fecha.
Del Rosal defiende que la abdicación “no jubiló” al Borbón y que su condición de miembro de la Familia Real le convierte en inmune a ojos de la justicia británica. Por tanto, sólo podría ser juzgado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de España como aforado.
Por su parte, Choclán esgrime que más allá de los honores que se le reconocen, el real decreto 470/2014 que regula su estatus no le confiere ningún poder ni deber constitucional, lo que supondría que no goza de esa inmunidad. En cambio, la defensa de Juan Carlos I entiende que sus funciones de representatividad del Estado y de la Corona se mantuvieron hasta 2019 y por tanto su protección también.
Ahora, la justicia británica debe decidir si reconoce su jurisdicción para continuar la causa. No obstante, el juez Nicklin ya dijo que la demanda se sustentaba en «un relato muy difuso, con mucha narrativa y pocas pruebas”.
