La Comisión de Salud Pública ha aprobado por mayoría que los contratos estrechos de positivos con la variante ómicron que estén vacunados contra la covid-19 no hagan cuarentena de diez días como medida para frenar los contagios, una decisión que contradice la línea de la Generalitat de Cataluña, que la semana pasada consideró que estas personas debían permanecer en casa y que apuesta por endurecer las medidas de prevención.
Este órgano integrado por representantes del Estado central y de las comunidades autónomas, eso sí, ha acordado para este estrecho perfil de contacto que durante diez días limite sus actividades, llevando a cabo solo las esenciales, y que reduzca las interacciones sociales tanto como sea posible. La decisión de la Comisión de Salud Pública deberá ser ratificada por el Consejo Interterritorial de Salud antes de su aplicación.
La decisión se ha conocido poco antes del inicio de la conferencia de presidentes autonómicos donde el presidente catalán, Pere Aragonès, ya avanzó que pediría a sus homólogos que endurecieran las restricciones como lo había hecho su gobierno, especialmente los ejecutivos de las CCAA vecinas de Cataluña. La Generalitat asiste como la única institución de gobierno de España que ha apostado ahora por el endurecimiento de las restricciones.
El consejero de Salud, Josep Maria Argimon, había defendido que ahora era «muy importante» el confinamiento de las personas vacunadas con pauta completa que eran contactos estrechos de casos positivos.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya recibe este miércoles la última propuesta del gobierno catalán, que incluye restricciones en el derecho de reunión y la movilidad nocturna.
