La Audiencia de Barcelona ha iniciado el juicio contra cuatro ex-altos cargos y técnicos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y dos empresarios acusados de haber saqueado presuntamente la empresa pública con adjudicaciones falseadas. Entre los acusados están Manuel Hernández, Gabriel Borràs y Joan Lluís Quer; Hernández, proveniente de ICV, dirigió la ACA de 2007 a 2008 cuando se habrían simulado concursos públicos para adjudicar trabajos a empresas de forma preconcebida. La fiscalía pide seis años de prisión y una indemnización solidaria de más de 7,5 millones de euros al considerar probado que cometieron los delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación de fondos públicos.
Tal como avanza Crónica Global el modus operandi consistía en el hecho que Artenginy -la administradora solidaria del cual era Ana Barceló Caballero, casada con Josep Bou Termes, que fue jefe de Planificación de Usos del agua en la ACA de 2000 a 2006 y también está acusado– y Auding eran dos empresas que configuraban una UTE, en algunas ocasiones con otras, para concurrir a contratos públicos que conseguían en casi todas las ocasiones.
La empresa Auding fue la consultora que Quer fundó cuando dejó la gerencia de la ACA en 2004, año en que CiU perdió la presidencia de Generalitat. Y tres años después se inició la actividad presuntamente ilícita. Las 38 concesiones sospechosas se adjudicaron desde septiembre de 2007 y durante todo el mandato en el cual Francesc Baltasar (ICV) ocupó la Consejería de Medio Ambiente.
Según la acusación, la dirección de la ACA tomaba la decisión para que las UTE en las cuales colaboraban ex-altos cargos y técnicos de la casa consiguieran los contratos públicos por adelantado. Se apunta que incluso hubo reuniones de altos funcionarios de la compañía pública y directivos de Auding y Artenginy con el objetivo de diseñar juntos el pliego de condiciones de los contratos que se sometían a concurrencia pública.
También ha transcendido que para asegurar la adjudicación, los mismos técnicos que participaban en los encuentros eran los que configuraban después las mesas encargadas de valorar las ofertas. Estos técnicos decidían a favor de las compañías preelegidas y les adjudicaban los trabajos a cambio, presuntamente, de mordidas. Incluso se habrían llegado a fraccionar contratos para facilitar las operaciones.
El técnico del ACA encargado de dar el visto bueno a los 38 contratos que están bajo la lupa judicial era Gabriel Borràs. En el momento de los hechos también era próximo a ICV, a pesar de que más adelante se acercó al secesionismo, siendo coordinador comarcal de Reagrupament Independentista en el Baix Llobregat para situarse después en la órbita de ERC, partido que lo ha promovido a varios altos cargos de la Generalitat. Actualmente, Borràs es el número dos de la Oficina del Cambio Climático.
