El riesgo de pobreza o exclusión afecta a más de una cuarta parte de los catalanes

Las entidades de acción social denuncian una situación “de emergencia social permanente” y “estructural” que afecta más a los inmigrantes, las mujeres y los menores

Persona durmiendo en la calle
Persona durmiendo en la calle

El informe INSOCAT para la mejora de la acción social, publicado este mes de diciembre por las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) y enfocado sobre el impacto social de la pandemia en Cataluña, concluye que una cuarta parte de la población -un 26,3%, unos dos millones de personas- se encontraba durante el año 2020 en riesgo de pobreza o exclusión, según el baremo de la tasa AROPE.

El análisis, difundido este lunes, destaca que la situación de los menores de edad en el mismo período, marcado por el estallido de la pandemia de la covid-19, fue aún peor, ya que un tercio de ciudadanos en este grupo de edad se encontraba en esta situación. Además refleja que las mujeres han sufrido un incremento del riesgo de pobreza del 2,7%.

También la población de origen migrante se encontraba el año pasado en una situación de desprotección particularmente grave, según el informe, que cifra a las personas en riesgo de pobreza o vulnerabilidad en más de la mitad entre la población de origen migrante sin nacionalidad española.

Asimismo, el trabajo de ECAS denuncia que Cataluña se ha instalado en una situación de “emergencia social permanente” y “estructural”.

Una de las principales conclusiones del informe INSOCAT es la existencia de una incapacidad de conciliar el crecimiento económico con el proceso social, hecho sobre el que alerta de que ha constatado “una cierta normalización y aprobación de las respuestas de emergencia” desplegadas contra la cronificación de la pobreza y la exclusión.

Para combatir esta situación, ECAS propone, entre otras líneas de trabajo, el incremento de la inversión social, el establecimiento de un nuevo paradigma de acceso universal a los derechos sociales basado en la prevención, y la coproducción de políticas a partir de un modelo relacional entre agentes públicos, privados y tercer sector.

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