La causa abierta en el Tribunal de Cuentas contra 34 ex-altos cargos y funcionarios del Govern por la acción exterior del procés independentista pierde fuerza. Según publica El País, la renovación de los magistrados y el nuevo cariz progresista de la Sala de Enjuiciamiento provocarán un cambio de postura en la reclamación de los 5,4 millones de euros que avala la Generalitat.
En primer lugar, el Tribunal de Cuentas deberá decidir si acepta el aval que la Generalitat presentó mediante el Institut Català de Finances (ICF). La Sala de Enjuiciamiento, compuesta por dos magistrados propuestos por el PSOE y uno por el PP, ratificará o rectificará la decisión adoptada por la delegada instructora del caso, Esperanza García, quien rechazó este mecanismo de pago.
Además, la Abogacía del Estado también habría cambiado de postura y se abre ahora a no presentar demanda contra la fianza de 5,4 millones de euros. En septiembre ya presentó un escrito en el que apoyaba los recursos de los investigados Un posicionamiento que ven con buenos ojos las defensas de los acusados.
De hecho, la propia Abogacía del Estado no quiso responder al Tribunal de Cuentas si consideraba procedente admitir los avales, pero sí defendió en un escrito que el mecanismo de pago de los avales a través de una entidad financiera pública, el ICF, está contemplado en un decreto-ley de la Generalitat avalado por el Parlamento catalán y que el Gobierno no recurrió al Constitucional.
En segundo lugar, durante la fase de enjuiciamiento, la Sala revisará si mantiene la petición de 5,4 millones de euros a los encausados o si la reduce. Además de ex-altos cargos y funcionarios, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Artur Mas y varios de sus consejeros están acusados de destinar dinero público a internacionalizar la causa independentista.
