Un socio de Pujol encendió la mecha que acabó con la “explosión” y la liquidación de la BPA

La filtración de las notas manuscritas confiscadas al excomisario José Manuel Villarejo ha permitido descubrir el papel determinante que jugó el empresario Ignacio López del Hierro

Ignacio López del Hierro
Ignacio López del Hierro

La filtración de las notas manuscritas confiscadas al excomisario José Manuel Villarejo, que está publicando el diario El Periódico de España, ha permitido descubrir el papel determinante que jugó el empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, en el estallido del caso Pujol y la posterior decisión de cargarse la Banca Privada de Andorra (BPA). Lo más chocante es que Ignacio López del Hierro fue socio durante años en algunos negocios de Jordi Pujol Ferrusola (Júnior).

En una nota fechada el 26 de octubre del año 2012, el entonces comisario Villarejo deja constancia de una reunión que había celebrado aquel día con María Dolores de Cospedal y su marido, a los cuales conocía bien porque ya le habían hecho, con anterioridad, algunos encargos de investigación remunerados. “Reunión muy afectiva y cómplice. Muy atenta a todo y tomó nota de detalles. Coincide en la importancia del momento”, escribe el excomisario.

La denuncia de Vicki Álvarez
Aquellos días, el entonces president Artur Mas ya había roto el pacto de gobernabilidad que mantenía en la Generalitat con el PP de Alicia Sánchez Camacho y encaraba la convocatoria de elecciones anticipadas con la bandera del proceso independentista. Precisamente, en esta reunión, donde parece que Ignacio López del Hierro llevó la voz cantante, se acordó que José Manuel Villarejo mantendría un encuentro con Alicia Sánchez Camacho, que era conocedora de las confidencias que le había hecho Vicki Álvarez en la celebérrima comida de La Camarga sobre los negocios y las martingalas en Andorra de Jordi Pujol Ferrusola.

El resto de la historia ya es casi toda conocida. El excomisario convenció a Vicki Álvarez para que presentara, a comienzos del 2013, una denuncia ante la Audiencia Nacional, que canalizó e impulsó las investigaciones sobre el clan Pujol. La operación clave fue la confiscación, en 2015, de la Banca Privada de Andorra (BPA), con la complicidad del gobierno andorrano, con el objetivo de obtener las pruebas de la fortuna que los Pujol escondían al exterior.

Negocios conjuntos
La gran novedad que aportan estas notas de Villarejo es la participación, hasta ahora desconocida, de Ignacio López del Hierro en los primeros compases del caso Pujol. Después de los pactos del Majestic (1996) entre CiU y PP, este empresario y el hijo primogénito del expresident Pujol se pusieron de acuerdo para emprender negocios internacionales conjuntos, contando con la financiación de la empresa pública CESCE.

Por eso crearon la sociedad Ibadesa Cat, en la cual participaba José Herrero de Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, en representación suya. Los negocios de esta empresa están reflejados en el famoso pendrive, publicado por el semanario EL TRIANGLE y que, finalmente, no fue incorporado al sumario del caso Pujol porque no se pudo garantizar la trazabilidad.

Acabaron mal
En este pendrive se recogía la contabilidad de los negocios que habían emprendido conjuntamente Jordi Pujol Ferrusola, Jordi Puig (el hermano del entonces consejero Felip Puig) e Ignacio López del Hierro, a través de su sobrino. Eran operaciones de exportación/importación de café, tabaco… con varios países de América latina y contratos de obras públicas en países como Gabón o la República Dominicana.

Las relaciones empresariales entre el marido de María Dolores de Cospedal y el Júnior acabaron, formalmente, años después. Y, como demuestran las notas de Villarejo, dejaron mal regusto de boca a Ignacio López del Hierro, que, años más tarde, se tomó la revancha, espoleando la persecución de este comisario encubierto y de sus secuaces de la policía patriótica contra el clan Pujol.

“Contactos banqueros Andorra”
En las notas manuscritas del comisario Villarejo se puede constatar la evolución de su trabajo para poder cazar a los Pujol y otros líderes soberanistas, como Artur Mas. En la entrada del dietario correspondiente al 5 de noviembre de 2012 –pocos días después de la reunión con María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro- apunta “Plan trabajo Barna”, que consta de unos veinte puntos a investigar.

En este “Plan trabajo Barna” figuran dos objetivos: “Contactos banqueros Andorra” y “Documentos. Vital!!!”. El comisario ya estaba sobre la pista del tesoro que escondían los Pujol en Andorra, pero tenía claro que para poderlos imputar judicialmente hacía falta la colaboración de los banqueros andorranos y la obtención de los documentos contables que probaran la existencia de este dinero.

“Documentos. Vital!!!»
Durante los meses siguientes, esta fue la obsesión del comisario Villarejo y de sus ‘colegas’ de la “policía patriótica” montada por el ministro Jorge Fernández Díaz. Un primer hito de esta estrategia de investigación y de presión fue conseguir que Jordi Pujol se sintiera acorralado y se viera obligado a hacer pública la confesión del 25 de julio de 2014, donde admitía la existencia al extranjero del dinero de la herencia de su padre Florenci.

Pero para sacar adelante el procedimiento judicial abierto por la Audiencia Nacional contra el clan Pujol hacían falta pruebas: “Documentos. Vital!!!”, en expresión escrita de José Manuel Villarejo. Es en este sentido que hay que enmarcar las fortísimas maniobras de presión de la policía patriótica contra los banqueros andorranos Higini Cierco y Joan Pau Miquel, accionista y consejero delegado, respectivamente, de la BPA, para que libraran información y documentación sobre las cuentas de los Pujol.

La solución final
Es evidente que, más allá de los detalles, esta operación de chantaje contra los responsables de la BPA –urdida con la amenaza de un informe desfavorable del Sepblac contra su filial española Banco Madrid- no funcionó. Es por eso que se activó la solución final, que no fue otra que la intervención, confiscación y destrucción de la BPA, producida el 10 de marzo de 2015, con la colaboración imprescindible del FinCEN de los Estados Unidos y del gobierno andorrano de Toni Martí, con el objetivo de conseguir los documentos contables de las cuentas andorranas de la familia Pujol.

“Chisco” era el contacto clave
De las notas manuscritas del excomisario Villarejo que publica El Periódico de España se puede extraer otra información relevante: su contacto de confianza a la cúpula del ministerio del Interior era Francisco Martínez (a quien denomina “Chisco”), que primero fue jefe de gabinete del ministro Jorge Fernández Díaz y, a partir del mes de enero de 2013, secretario de Estado de Seguridad.

José Manuel Villarejo informaba puntualmente a “Chisco” de los adelantos de las investigaciones policiales sobre los Pujol y es, por lo tanto, la persona clave que sabe como fue, de pe a pa, toda la operación comenzada el 26 de octubre de 2012 –con la reunión con María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro- y que culminó, dos años y medio después, con la confiscación de la BPA.

La carta publicada en El Mundo
Precisamente, Francisco Martínez (a quien también se denomina “Paco Bomba”) es el autor de una carta enviada a Higini Cierco, exaccionista de referencia de la BPA, que fue publicada por el diario El Mundo el 12 de noviembre del año pasado. En esta carta, “Chisco” o “Paco Bomba” afirmaba que, después de tener un profundo conocimiento documental del caso BPA, estaba convencido que su confiscación tuvo “un evidente cariz político”. También reconocía que “a veces, no pocas, los poderes públicos causan graves perjuicios, con actuaciones que, al final, se demuestran injustificadas, desproporcionadas o, sencillamente, injustas, como parece ser en este caso”.

Además, señalaba a quienes consideraba máximos responsables de la destrucción de la BPA: “Los Sres. Cinca, Martí, Saboya, Fiñana o Alberca”, en referencia explícita al exministro de Finanzas, el anterior jefe de Gobierno, el exministro de Asuntos exteriores, el jefe de la UIFAnd y el fiscal general. Según su análisis, todos ellos actuaron de manera premeditada y concertada para hacer “pagar a la BPA” las presiones de las autoridades de los Estados Unidos.

Testigo de cargo
Francisco Martínez afirmaba: “Con estas personas no he tenido ningún trato, pero de su intervención en las decisiones (que provocaron la confiscación de la BPA) no hay ninguna duda”.

De momento, “Chisco”, que está imputado en el caso Kitchen (el espionaje policial ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas), no ha abierto más la boca sobre la BPA. Pero es evidente que, por su estrecha y permanente relación con el comisario José Manuel Villarejo y otros miembros de la policía patriótica entre los años 2011 y 2016, es el testigo de cargo que lo sabe absolutamente todo sobre la evolución de la conspiración que culminó con la intervención y destrucción de esta entidad financiera andorrana. ¿Lo explicará algún día? Esa es la cuestión.

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