El tercer referéndum de independencia de Nueva Caledonia previsto para el 12 de diciembre no contará con la participación de los partidos y sindicatos independentistas. La negativa del presidente francés, Emmanuel Macron, a posponer la fecha de la votación ha indignado a los partidarios de la autodeterminación, que han llamado a boicotear su celebración.
El motivo que arguyen los canacs -la población autóctona del archipiélago- es el fuerte impacto que está teniendo en las islas la última oleada de coronavirus. Según Vilaweb, desde septiembre se han registrado 12.195 casos y 276 muertos. La tradición de los pueblos originarios de Nueva Caledonia pasa por una serie de ceremonias de duelo que se pueden alargar semanas y que la pandemia está retrasando.
El senado tradicional canac pidió por ello el aplazamiento del referéndum. A esa petición, informa Naiz, se han sumado 25 parlamentarios españoles de seis partidos políticos –EH Bildu, ERC, CUP, BNG, Junts per Catalunya y Podemos– a través de una carta dirigida a Macron. En la misiva le recuerdan que el Frente de Liberación Nacional Socialista de Kanaky (FLNKS) y una mayoría del Congreso de Nueva Caledonia solicitaron posponer la votación. Francia y los unionistas del territorio de ultramar se niegan.
El independentismo en Nueva Caledonia ganó adeptos entre los referéndums de 2018 y 2020. En el primero, obtuvo un apoyo del 43,3%, mientras que el año pasado subió al 46,7%. Aun así, este año no participarán y se niegan a reconocer el resultado de la votación, pero apuestan por volver a la negociación para mantener la paz.
Los referendums en Nueva Caledonia han servido de faro al independentismo catalán en los últimos años. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, recibió en junio al presidente del Congreso de Nueva Caledonia, Roch Wamytan, con motivo de la firma del acuerdo de colaboración entre ambas cámaras parlamentarias.
Además, la Fiscalía de Barcelona pide tres años de cárcel y 17 de inhabilitación para el jefe de la oficina del ex-president Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, acusado de malversación y prevaricación por haber pagado con dinero público el viaje a Nueva Caledonia para hacer de observador del referéndum de 2018. El ministerio público pide también que Alay indemnice a la Generalitat con los 4.732 euros que costó el viaje, pagado por el Departamento de Presidencia.