El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha salido en defensa de la lengua catalana marcando posición propia: “No aceptamos lecciones de nadie, tampoco del conseller d’Educació, Josep González Cambray”, ha dicho en una entrevista en la ACN. Las palabras de Illa llegan después de la sentencia del Tribunal Supremo que establece un 25% de castellano en las aulas de Cataluña y de la decisión de Cambray de “no trasladar ningún tipo de responsabilidad a los maestros”.
Salvador Illa ha manifestado que su partido “no estará con quienes se hagan fotos para desafiar resoluciones judiciales”. Además, ha defendido la postura de su partido y su “compromiso con la no segregación en Cataluña y la defensa de la cultura y lengua catalana”. Por ello, no admite “que nadie dé lecciones”. “Yo no las daré, pero no las recibiré de nadie”, ha afirmado.
«Se tiene que contar con todo el mundo, y tengo muchas diferencias con formaciones como el PP, pero o despolitizamos la lengua en la escuela o vamos por mal camino», ha dicho el líder de los socialistas catalanes. El PSC no acudió esta semana a una reunión convocada por el Govern para tratar la cuestión lingüística después de que los partidos de la derecha parlamentaria no independentista fueran excluidos del encuentro. Illa reclama por ello un “consenso amplio” para no incluir el catalán en la contienda política. Su partido se sumará al Pacto Nacional por la lengua que impulsa el Govern.
Salvador Illa ha defendido también la postura del Ejecutivo central en el debate de la Ley del Audiovisual y la cuota de catalán en las plataformas. “El Gobierno español cumple y cumplirá sus compromisos, Pedro Sánchez no juega a engañar”, ha dicho Illa. La polémica nace de la imposibilidad de obligar a empresas como Netflix o HBO a ofrecer más contenidos en catalán por no ser compañías con sede en España.
El líder del PSC ha dicho que “le gustaría” que la lengua estuviera reconocida y que a los mismos gigantes del audiovisual les interesa “que haya buenas creaciones”. También ha reclamado al Govern de Pere Aragonès que cumpla la ley del cine para tener “más credibilidad” en la materia.
