La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha enviado este viernes a las comunidades autónomas de régimen común una propuesta de cálculo de la población ajustada, que es la clave del nuevo sistema de financiación. La población ajustada determina el reparto de recursos en función de las circunstancias demográficas, sociales o territoriales.
El envío del documento marca el inicio del debate de fondo sobre los criterios que regirán el nuevo modelo de financiación que el Ejecutivo español quiere acordar en los próximos meses. El documento plantea que las variables de sanidad y educación tengan un mayor peso en el cálculo del reparto y también introduce cambios en las variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la dispersión o la despoblación.
El Govern ya ha reaccionado al escrito. Fuentes de la conselleria de Economia explican que «se estudiará el documento, pero la infrafinanciación y el déficit fiscal difícilmente se podrá corregir con un nuevo modelo de financiación». Sobre el concepto de población ajustada, afirman que «no se ajusta a la realidad de Cataluña», y que es necesario tener en cuenta el porcentaje real de población de Cataluña sobre el Estado, así como la «paridad del poder adquisitivo y el coste de vida y de los servicios públicos».
