La familia de cuatro miembros, entre ellos dos niños pequeños, que murieron en un incendio en un local ocupado de la plaza Tetuán de Barcelona la madrugada de este martes, habían pagado 700 euros a una mafia que gestiona este tipo de locales en septiembre de 2020 para poder entrar, según ha avanzado La Vanguardia.
La situación de la familia era conocida por los vecinos, pero también por las diferentes administraciones, puesto que tenían conocimiento de la situación los servicios sociales del ayuntamiento de Barcelona, los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana y el Departamento de Derechos Sociales. De hecho, los servicios sociales municipales habían hecho hasta 88 intervenciones de ayuda y los Mossos habían incluido la oficina de Evo Banco ocupada en el listado de locales ocupados en riesgo.
A estas alturas se calcula que en la capital catalana hay como mínimo 209 menores que viven en locales y naves ocupadas o en asentamientos con escasas o nulas condiciones mínimas para llevar una vida digna. De hecho, tanto Ayuntamiento de Barcelona como Generalitat de Catalunya tienen conocimiento que en la ciudad hay localizados 86 asentamientos y 105 locales ocupados.
