El juzgado de instrucción n.º 4 de Barcelona ha admitido a trámite la querella contra la ex consejera catalana de Salud, Alba Vergès, que presentó la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC), por haber vacunado tarde a los miembros de la Benemérita y de la Policía Nacional que trabajan en Cataluña. APROGC presentó la querella por un delito de odio y contra la seguridad y la higiene en el trabajo.
Los hechos pasaron el mes de abril cuando la Generalitat vacunaba contra la covid-19 a los considerados como colectivos de personal esencial, entre los cuales se contaban los cuerpos policiales que hay en Cataluña. En aquel momento, mientras se había vacunado alrededor de un 80% de los miembros del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, tan solo se había vacunado un 10% de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y un 6% de agentes de la Guardia Civil.
A raíz de las quejas de sindicatos con representación en la Policía Nacional y la Guardia Civil, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó a la Generalitat vacunar de urgencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) para que estuvieran protegidos contra el coronavirus en la misma proporción que la policía de Cataluña. El TSJC apuntó en su acta que se apreciaba «apariencia de discriminación en perjuicio de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil» en la actitud del Departamento de Salud.
Por su parte, la ex consejera de Salud ha denunciado este viernes que el hecho de que se le haya imputado por el retraso en la vacunación de los FFCCSE «es una muestra más de la persecución judicial que sufren las instituciones catalanas así como la persecución ideológica que sufre el independentismo». Vergès, en un comunicado, ha afirmado que «he defendido siempre y defiendo la salud como un derecho universal para todos, así lo hice cuando estuve al frente de la consejería en la lucha contra la covid», añadiendo que «el único agravio fue otorgar a los criterios sanitarios un sesgo de persecución política».
Se da la circunstancia que Alba Vergès, al ser aforada como diputada en el Parlamento de Cataluña, el juzgado de instrucción tendrá que inhibirse en la causa a favor del TSJC el cual es el órgano competente para seguir con la investigación.
