Figuras del entorno más cercano al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont crearon una sociedad fantasma sin ánimo de lucro en Luxemburgo en 2019, denominada Casa de la República ASBL y vinculada con CATGlobal, la estructura jurídica que recibía los fondos captados por el Consell per la República, revela El Confidencial.
Según esta información, que cita el contenido de documentación del registro mercantil de Luxemburgo, Casa de la República ASBL se constituyó en enero de 2019 y fue disuelta en junio del mismo año. Su directora era Laura Costa, una persona de confianza de Puigdemont procedente de Convergència que ha desarrollado labores de comunicación junto al expresidente, y que actualmente es la directora general de la Cataluña Exterior, un organismo del Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat.
De mayo a junio de hace dos años, el secretario de la efímera sociedad luxemburguesa fue Josep Maria Matamala, amigo y acompañante por Europa de Puigdemont, y senador de Junts per Catalunya. El tesorero, como en el caso de CATGlobal, era Jaume Cabaní, investigado por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre como presunta figura clave en el desvío de fondos públicos al procés mediante criptomonedas.
El encargado de la liquidación de Casa de la República ASBL fue Pieter van Ysseldijk, creador de Isonom, una plataforma cooperativa para operar con criptodivisas afincada en Lucerna (Suiza). Según añade El Confidencial, la dirección que Van Ysseldijk declara como propia en Luxemburgo es la sede de Casa de la República ASBL, y este empresario es administrador solidario de Chip Chap Payments SL, una sociedad con sede en Barcelona dedicada al intercambio de dinero, de la que es accionista Entropy Factory, una firma de Vicent Nos, uno de los testigos que comparecieron en el Tribunal Supremo durante el juicio a los principales dirigentes del procés.
Casa de la República ASBL fue liquidada el 15 de junio del 2019, dos días después de que quedara visto para sentencia ese juicio. Vicent Nos declaró que acudió en agosto de 2017 a una reunión con una quincena de personas, entre ellas Oriol Junqueras y Marta Rovira, para abordar la creación de un sistema de voto telemático para el 1-O, pero también aseguró que, después de haber pedido medio millón de euros para encargarse de ello, el encargo fue desestimado por falta de tiempo.
