El director de TV3, Vicent Sanchis, y la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, se negaron en la última sesión de control parlamentario de este organismo a dar a conocer cuánto dinero cobra Pilar Rahola por sus intervenciones semanales en el programa FAQS, de las noches del sábado en TV3. Aducen que la productora privada que lo realiza, Mediapro, no está obligada a desvelar ese secreto. Se lo pedía la diputada socialista Beatriz Silva que, ante la negativa de Sanchis y Llorach, pidió el amparo de la Mesa del Parlament y pidió a este organismo una copia de la documentación relativa a las cantidades que cobran los colaboradores fijos y esporádicos de este programa y un pronunciamiento sobre la fundamentación del derecho a la información. La respuesta de la Mesa ha sido que, antes de adoptar un acuerdo sobre la fundamentación del derecho a la información solicitada, ha pedido un informe al Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública para que lo emita en un plazo de treinta días.
Una vez llegue este informe a la Mesa, este órgano del Parlament se pronunciará sobre el derecho de la diputada a acceder a esa información. Si no se descubre por otras vías, el misterio de los honorarios de la portavoz oficiosa de Carles Puigdemont en el FAQS continuará sin resolverse. El pasado sábado, el periodista y abogado Josep Manuel Silva se lo preguntó en directo y Rahola se negó a decir cuánto cobra y, además, le acusó de juego sucio.
El pasado 4 de octubre, Llorach comunicó a la diputada socialista Beatriz Silva que Mediapro se negaba a facilitarle esta información porque, según los dirigentes de esta productora, el programa FAQS no está subvencionado por la CCMA, pese a que le cuesta 1,5 millones cada año. Además, Mediapro considera que “las retribuciones de los colaboradores que se solicitan constituyen datos de carácter personal y no existe ninguna base legal que legitime su revelación sin el consentimiento de los interesados”.
En los contratos que la CCMA firma con las productoras consta que “tiene el derecho a auditar, por los medios que considere convenientes, los libros de contabilidad y los archivos del contratista” y que estas empresas están obligadas a “mostrar toda la documentación legal y contable que sea necesaria, con el derecho de la CCMA a obtener copias, extractos y certificaciones documentales”. Estas auditorías pueden realizarse “con el fin de comprobar y controlar financieramente tanto los gastos de producción como el uso de los fondos destinados a la producción, así como a los efectos de verificar el coste definitivo de la producción”. Así consta en una respuesta que Núria Llorach envió a la diputada de Ciutadans Anna Grau, que también le pidió por los honorarios de Rahola en la televisión pública catalana.
Por tanto, el organismo puede, si quiere, saber cuánto dinero paga Mediapro a Pilar Rahola y al resto de colaboradores del FAQS. Sin embargo, en los contratos que firma con Mediapro y otras productoras, la CCMA se compromete, según la documentación incluida en la respuesta de Llorach a Grau, a tratar “la información y la documentación contable y financiera entregada por el contratista y relacionada con la producción audiovisual con la más absoluta confidencialidad y exclusivamente por las finalidades indicadas”.
La diputada Beatriz Silva considera que esta cláusula es incompatible con la transparencia de gestión exigible a una televisión pública y por eso ha hecho el requerimiento a la Mesa del Parlament que ahora ha quedado en el congelador durante un mes.
