La Fiscalía de Barcelona pide tres años de cárcel y 17 de inhabilitación para el jefe de la oficina del ex-presidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, acusado de malversación y prevaricación por haber pagado con dinero público el viaje del 2018 a Nueva Caledonia para hacer de observador del referéndum. La querella también afectaba a la ex-secretaria general de la Presidencia, Meritxell Masó, por haber autorizado los gastos, pero la juez instructora archivó la causa contra ella.
El ministerio público pide también que Alay indemnice a la Generalitat con los 4.732 euros que costó el viaje, pagado por el Departamento de Presidencia. En este sentido, el juzgado ha dado 24 horas a la jefe de la oficina de Puigdemont para depositar el importe.
La Fiscalía considera que Alay abusó de su cargo «excediéndose en sus funciones» y «apartándose de su obligación de servir a los intereses generales propios de la administración pública», y que con el pago del viaje por parte de Presidencia logró «un claro beneficio económico particular».
Según el escrito, Alay presentó a Masó la propuesta de gasto «conociendo que se trataba de un viaje personal y ajeno a sus funciones», y que «no existía razón alguna que justificara el pago con cargo a su dotación presupuestaria pública, de la que él mismo tenía el control y la gestión».
El jefe de la oficina de Puigdemont se enfrenta también a otras causas como la operación Voloh, por los contactos que mantuvo con la inteligencia rusa, y la investigación abierta por la Audiencia Nacional por haber participado presuntamente en la organización del Tsunami Democrático.
