Una feroz batalla se libra ahora mismo entre los bastidores de la política de Estado por la exoneración y/o minoración de los avales de los cuatro clubs de fútbol que aún no son sociedad anónima y que, como el FC Barcelona, además de Real Madrid, Athletic y Osasuna, están sometidos a la obligación de prestar garantías con el patrimonio personal de los directivos.
Por un lado, el presidente del Barça, Joan Laporta, se frota las manos imaginando un futuro, no tan lejano, exonerado de los malditos avales como beneficiario del pacto del Gobierno de Pedro Sánchez alcanzado con Bildu y PNV para reducir en dos tercios el volumen del aval exigido por la Ley del Deporte, que es hoy del 15% del último presupuesto de gastos aprobado. La iniciativa de los partidos vascos, centrada exclusivamente en aliviar la sucesión directiva del Athletic, facilita la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, de rebote, una inminente modificación en forma de decreto de la actual normativa. Básicamente se regulará el aval en base a una reducción de su porcentaje y es posible que adaptada en cada club a sus propios indicadores.
Pero mientras se tramita ese decreto o incluso algún tipo de actuación provisional, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, le ha marcado el territorio a Joan Laporta mediante dos maniobras que, claramente, juegan en contra de las pretensiones, ambición y deseos del presidente azulgrana. Le ha pedido al Consejo Superior de Deportes (CSD) una ampliación de la auditoría del Barça para aclarar diversas cuestiones y, entretanto se hace la luz, que renueve el aval de 124’6 millones presentado el 17 de marzo pasado antes del próximo 28 de noviembre.
Javier Tebas simplemente ha aplicado la normativa después de recibir, por parte de la directiva de Laporta, una interpretación sui generis de la auditoría y de la liquidación de las cuentas aprobadas por los socios en la asamblea del 23 de octubre pasado. Con el agravante, como ha apuntado LaLiga en sus explicaciones, que el club azulgrana no ha respondido por dos veces a preguntas de los expertos económicos planteadas a la luz de las cuentas remitidas por Ferran Reverter y diseñadas por Eduard Romeu, un “mago de las finanzas”, como lo califica su jefe y avalador José Elías.
El mensaje de Tebas parece no dejar la menor duda. En tanto el Gobierno no cambie las reglas de juego, de momento Laporta ha de repetir como mínimo el aval con el que tomó posesión, 124,6 millones, bastante más elevado del que su equipo económico había calculado, sobre los 90 millones, y puede que inferior al que finalmente resulte de afinarlo, como resultado de esa auditoría complementaria en marcha solicitada al CSD, y de una revisión que, como máximo, debe estar lista antes del 17 de enero próximo.
Mientras Joan Laporta va a por el pez gordo, la retirada completa del aval -puede que imposible-, LaLiga va a por Laporta, o al menos así lo interpreta un presidente demasiado acostumbrado a saltarse y a eludir la ley con facilidad y el consentimiento de las autoridades deportivas, federativas y políticas.
El mantenimiento del aval en 124,6 millones es claramente un indicador de que LaLiga contempla, tras un primer análisis, una cantidad superior en sus previsiones.
La junta y el CEO de Laporta no se han movido de una perspectiva y escenario muy diferente, a la baja, con el argumento de que sus tres meses de mandato, entre el 17 de marzo y el 30 junio, han arrojado un superávit a descontar del aval recalculado sobre un presupuesto de gastos de 784 millones, es decir a restar del 15% reglamentado por la ley, sobre 117,6 millones. Con los supuestos beneficios Laporta preveía no ir mucho más allá de los 90 millones, una cantidad asumible siendo consciente de la retirada del aval de Jaume Roures de 30 millones de euros. Por si acaso, el club acaba de aprobar, a propuesta de la junta, un aumento del número de directivos hasta 25 miembros, seis más que ahora, a los que les tocaría compensar ese vacío dejado por el empresario de Mediapro.
Los planes de Laporta, sin embargo, se han torcido porque el calendario de LaLiga no le da ningún respiro. El presidente ha de encontrar avaladores antes del 28-N, curiosamente en el límite del aniversario de la fundación del FC Barcelona gracias al impulso de Joan Gamper, el 29 de noviembre de 1899, es decir hace 122 años, en cuestión de unos pocos días, apenas veinte días mal contados.
Esa premura no es nada comparado con la incertidumbre apuntada por el comunicado de Javier Tebas, que plantea el aval de 124,6 millones como una cantidad provisional, con enormes posibilidades de que tras el examen al que se someterán las cuentas por parte del CSD y de la propia LaLiga pueda incrementarse.
Las sospechas o indicios discrepantes que ha ido acumulando Javier Tebas ya se reflejaron en las cuentas del Barça analizadas por su equipo sobre los criterios de aplicación de las pérdidas por Covid, muy diferentes de las del propio club, así como de esos 263 millones en deterioros y devaluaciones que, por decir algo, fueron clasificadas por LaLiga como “atípicas”, sin entrar en más detalles.
Para LaLiga, el impacto Covid en la liquidación de la temporada 2020-21 fue evaluado en 324 millones de menos de ingreso mientras que Ferran Reverter destacó la incidencia en las pérdidas totales de 481 millones de sólo 92 millones atribuibles a la pandemia.
Diferencias más que notables de criterio y de volúmenes por más que el FC Barcelona dijo haber aplicado las regulaciones e indicaciones de LaLiga. Para Tebas resulta evidente, y así lo ha manifestado, que la administración de Laporta ha ido en la dirección contraria tratando de negar el efecto Covid a unas cuentas cuyo dramatismo se ha construido sobre un relato de única y exclusiva culpabilidad de Josep Maria Bartomeu.
Ahí radica el riesgo del que ya fue advertido en su momento Laporta por esta compulsión incompatible con las evidencias aportadas por la propia LaLiga. El organismo regulador que controla y audita los clubs ha razonado que el cierre del estadio y del Museu, dos de las fuentes de ingreso más destacadas del FC Barcelona, durante toda la temporada ha significado, inevitablemente, 324 millones menos de ingresos. El club afirma haber ahorrado 125 millones, de modo que hasta 199 millones de las perdidas podrían acogerse al decreto Covid que las exonera de añadir al aval y de ser reclamadas en una acción de responsabilidad.
LaLiga, sorprendida, le transmitió al CEO sus dudas y le planteó consultas al respecto que no han sido ni aclaradas ni respondidas. Puede que Tebas, ante la obstinada postura de Laporta de no admitir el factor Covid sobre unas cuentas que le quiere endosar a Bartomeu como sea y además no acogerse a la protección del Gobierno, no acabe teniendo más remedio que aplicar todo el peso de la ley sobre las cuentas aprobadas en asamblea de las cuales sólo puede ser responsable la junta directiva que las ha formulado.
Dejando a un lado las pérdidas sobrevenidas como provisiones claramente tramposas para fabricar beneficios artificiales de 25 millones con dos jugadores, Griezmann y Trincao, LaLiga no considera justificados los beneficios que afirma haber tenido la gestión de Laporta en los tres meses de gobierno. Tampoco estima correcto cargarle con todas las pérdidas, pero está claro que si se distribuyen las pérdidas proporcionalmente a los días de mandato, a su etapa le corresponderían 36,5 millones teniendo en cuenta que las provisiones realizadas (263 millones) son neutras.
En definitiva, un baile de cifras que por ahora no van a favor de las tesis de Laporta sino más bien en contra. Vieja táctica de Joan Laporta: combatir la realidad y la ley con una contabilidad de ensueño y fantasiosa para luego denunciar que LaLiga y Tebas persiguen al Barça y a él. Ya le salió bastante mal la jugada de querer cargar el engaño a Messi sobre las espaldas de Javier Tebas que, al contrario, le buscó la solución de CVC para que Leo pudiera seguir en el Barça y en LaLiga.
De nuevo, la ventaja es para Tebas y la presión para Laporta como consecuencia de esa manía por hacerse trampas en el solitario.
