El alcalde de Almacelles (Segrià), Josep Ibarz (PDECat), ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para cualquier cargo electo, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal, por haber cometido un delito continuado de prevaricación administrativa.
En el juicio, el pasado mes de mayo, Ibarz aseguró que «nunca» había tenido nada que ver con la contratación arbitraria de funcionarios, pero la sentencia -dictada por el juzgado de lo penal número 1 de Lleida- considera probada la formalización de estos contratos a dedo. Hay, entre otros, el de un policía local, el de una interventora, el de un conserje -primo hermano del alcalde- y el de un trabajador de la brigada de obras, amigo de Ibarz.
Según la Fiscalía, el Ayuntamiento de Almacelles pasó de 63 trabajadores en 2003 a 123 en 2016, y la mayoría de los contratos se efectuaron de forma «totalmente arbitraria», es decir, mediante un decreto de urgencia firmado por el alcalde, sin convocar concurso público alguno. El caso empezó a investigarse tras la denuncia de una concejala de Almacelles Lliure.
