La gran cantidad de millones invertidos en la T-Mobilitat -casi 115 millones entre el primer contrato (2014), y las modificaciones posteriores (2017 y 2020), y 20,8 millones gastados en contratos adicionales- es el aspecto que, junto con los siete años de retraso que suma el proyecto, resulta más inquietante de su nueva tarjeta. Pero no es el único.
Otra de las particularidades es que la empresa adjudicataria del proyecto, Soc Mobilitat, no ha hecho público el plan económico-financiero (PEF) del proyecto. En otras palabras, se niega a explicar cómo se han gastado los 115 millones invertidos, lo que genera aún más interrogantes sobre cómo se ha gestionado el proyecto y el porqué de tantos retrasos, sobre los cuales sólo se sabe que se han dado debido a «las dificultades de diferente índole surgidas», tal y como mencionan las dos modificaciones contractuales de 3 de marzo de 2017 y de 19 de febrero de 2020.
El contrato de la T-Mobilitat es de colaboración entre el sector público y privado, concretamente de tipo administrativo, y como una de las partes firmantes es el consorcio público Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) está sometido a la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Precisamente, el artículo 13.1 de esta ley establece que, en la contratación pública, la transparencia «es aplicable a todos los contratos», y que la información pública relativa a éstos debe incluir, entre otros, el contenido económico. Una norma que también se aplica expresamente a los convenios de colaboración entre el sector público y el sector privado (artículo 14).
Aunque el PEF debería ser el anexo 1 del contrato de la T-Mobilitat, ni en octubre de 2014 -cuando se firmó el primero- ni en las modificaciones posteriores, de 2017 y de 2020, aparece el documento; y parece que, por ahora, ni la ATM ni la empresa adjudicataria tienen intención de publicarlo. Como ha podido saber EL TRIANGLE, el principal motivo que da Soc Mobilitat para no publicarlo es que contiene “información económica de carácter confidencial”.
Toni, un joven barcelonés graduado en Derecho, envió una solicitud al Portal de Transparencia de la Generalitat pidiendo los datos sobre el PEF, pero el acceso le fue denegado, ya que la Administración avaló los argumentos de la adjudicataria. Soc Mobilitat defiende que el anexo 1 «contiene datos e información relativa a aspectos financieros, comerciales y técnicos de naturaleza altamente sensible», y que «su revelación a terceros perjudicaría gravemente los intereses económicos y comerciales de los accionistas de Soc Mobilitat». Según la sociedad, el PEF incluye datos confidenciales como “métodos de evaluación, la estructura del gasto y precios actuales y futuros”.
El argumento de la confidencialidad no sólo lo sostiene la empresa adjudicataria; la ATM también considera necesario mantener el PEF en secreto para salvaguardar «la competencia a favor de la empresa». De hecho, es la propia Administración quien, en base a un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña, desestima la petición de información.
En el informe, de julio de 2013, el área de la ATM responsable de determinar si la confidencialidad del PEF es justificable avala las alegaciones de Soc Mobilitat, y establece que este documento “recoge toda aquella información de carácter económico y financiero que, además de determinar la viabilidad económica del contrato, permite conocer la estrategia de la sociedad, la estructura de gasto y el plan de gasto, entre otra información”.
La Administración, pues, acaba desestimando la petición de información sobre el PEF y justifica la proporcionalidad de esta decisión argumentando que la difusión de este plan económico-financiero “supondría la revelación de información y secretos profesionales”. También explica, en la resolución, que esta restricción «obedece a la protección económica y comercial de los licitadores en el sector privado, en defensa de sus intereses legítimos y en el fomento de una competencia leal». Matizan, finalmente, que la decisión «no obedece ni a criterios de analogía ni a discrecionalidad inmotivada».
Junto con la respuesta negativa, la Administración incluye un listado nombrando los diversos conceptos que incluye el PEF. Destaca el estado de origen y aplicación de fondos (EOAF), un instrumento que permite conocer qué inversiones se han llevado a cabo, con qué financiación, y cómo se ha repartido esta financiación.
LA ATM Y SOC MOBILITAT QUIEREN MANTENER EL ENIGMA
Los argumentos de la ATM y la empresa adjudicataria se basan en las excepciones previstas en la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 140) y en la Ley de Transparencia (artículo 21). Concretamente, el artículo 21 establece que «el derecho a la información pública puede ser denegado o restringido» si su «conocimiento o divulgación comporta un perjuicio» por el «secreto o la confidencialidad»; mientras que el artículo 140 dicta que «los órganos de contratación no podrán divulgar información» que los empresarios «hayan designado como confidencial».
Sin embargo, este último artículo también establece que la confidencialidad “se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de aquella información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor”. Un matiz que tanto la ATM como Soc Mobilitat aprovechan para mantener “la necesidad de que se siga guardando secreto” del contenido del PEF.
