El Tribunal Supremo no admite la querella del abogado Gonzalo Boye contra la magistrada de la Audiencia española María Tardón, que le investiga por blanqueamiento de capital y falsedad documental por el caso Sito Miñanco. Tampoco el tribunal admite la querella contra el fiscal y la letrada de la administración de justicia de la Audiencia española.
La sala penal del Supremo sostiene que la querella de Boye pretende «criminalizar la investigación que se realiza sobre unos hechos en los que el querellante aparece como investigado, solicitando una reiteración de ese objeto procesal, en esta ocasión no como investigado, sino como víctima».
El abogado del ex presidente Carles Puigdemont denunció que la investigación era una persecución contra él y veía delitos de prevaricación, encubrimiento contra las garantías procesales y revelación de secretos.
El abogado es investigado a raíz de unas declaraciones incriminatorias que hizo Manuel Puentes Saavedra, presunto autor del asesinato de Santiago Quintero –miembro de la organización de Miñanco–. Achacó a Boye un dinero del narcotráfico intervenido en el aeropuerto de Madrid.
