El Ayuntamiento de Barcelona ha multado por primera vez al propietario de un piso que cobraba un precio de alquiler superior al que establece la ley, tal y como ha publicado Tot Barcelona. Concretamente, pedía 1.200 euros mensuales mientras que el anterior contrato era de 950 euros. El arrendador no informó a los inquilinos del importe del último alquiler, y no fue hasta un mes después de instalarse en el piso cuando se dieron cuenta de la irregularidad.
Según la ley catalana 11/2020, el importe del nuevo contrato no puede incrementarse si durante los cinco años anteriores ha estado vigente otro contrato. De hecho, la norma considera una infracción grave que la parte arrendadora establezca «una renta que sobrepase el importe máximo que corresponda en aplicación del régimen de contención de rentas, si la renta fijada supera de un veinte por ciento o más ese importe máximo». En ese caso, el precio del alquiler suponía un aumento del 26%, un incumplimiento que el Ayuntamiento barcelonés ha decidido sancionar con la multa mínima prevista, de 9.000 euros.
Desde que los inquilinos -miembros del Sindicat de Llogateres- se dieron cuenta de que la propiedad, la empresa Circum Barcino S.L., no cumplía con la ley, intentaron negociar un nuevo contrato. Sin embargo, según el citado medio, los arrendadores los ignoraron, por lo que decidieron presentar una denuncia a través del Ayuntamiento de Barcelona, que ahora les ha dado la razón. Los inquilinos, además, decidieron dejar de pagar los 250 euros de más que les cobraban, y abonar el importe que marca la ley: 950 euros mensuales.
Otra de las irregularidades que ha cometido la propiedad es hacerse pasar por una persona física para no tener que asumir las obligaciones que, según el Real Decreto 7/2019, debe asumir el arrendador cuando es una empresa. Los inquilinos, pues, asumieron los 1.600 euros de honorarios, un importe que ahora Circum Barcino ha tenido que devolver.
Según ha explicado el Sindicat de Llogateres al medio citado, la propiedad ha recurrido la sanción con el objetivo de «alargar los tempos, porque cree que el Tribunal Constitucional -que, actualmente, estudia si la ley catalana es legal- hará caer la regulación». Sin embargo, los inquilinos quieren que el arrendador les devuelva los 1.912 euros que, en total, han pagado de más desde que empezaron a vivir en el piso.
