El gobierno español saca adelante una de sus leyes estrella: la nueva ley de la vivienda. Por un lado, la ley limita el precio que pueden pedir las grandes empresas o propietarios con más de 10 pisos, aplicando desgravaciones fiscales a los pequeños propietarios que rebajen el precio de los alquileres. Por otro, obliga a reservar el 30% de los bloques de pisos en alquiler social.
La nueva ley española da a las comunidades la potestad para regular los precios de los pisos en las zonas llamadas tensionadas, es decir, donde hay poca oferta, mucha demanda y especulación. Eso sí, tendrán un año y medio para desarrollar esta regulación y fijar sus criterios.
Este proyecto de ley debe ahora ir al Congreso, y el PSOE y Unidas Podemos aún no tienen los votos para salir adelante. Por lo que todavía puede haber cambios.
El acuerdo ha llegado después de un año de bloqueo por el desacuerdo entre ambos partidos de gobierno, y entre críticas de los colectivos de vivienda. La PAH y el Sindicato de Alquiladores ya han avisado de que la ley española es demasiado blanda y mucho más laxa que la ley catalana, que está recurrida en el Constitucional. Creen que es «del todo insuficiente» y que «no conseguirá el objetivo de bajar el precio de los alquileres».
La Generalitat también cree que la propuesta del PSOE y Unidas Podemos es decepcionante y recentralizadora.
