Junts ha anunciado la apertura, este lunes, de una «oficina europarlamentaria» de atención a los electores, ubicada en el barrio del Born de Barcelona, desde donde ofrecen la atención de sus tres eurodiputados, el expresidente catalán Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.
Puigdemont ha difundido la novedad este lunes acusando a España de intentar «todo para impedir o dificultar nuestro trabajo como representantes de los europeos». Con un hilo de Twitter, Junts ha presentado la oficina, ubicada en la calle Bonaire, número 2, explicando que «no podemos permitir que la represión nos impida acercarnos y escuchar a nuestros conciudadanos», como lo hacen los otros eurodiputados, que no tienen causas pendientes con la justicia en su país de origen.
1714
El partido ha destacado que la localización tiene una dimensión simbólica, ya que considera «un orgullo haber descubierto que el edificio donde alojamos la oficina parlamentaria sea el último que quedó de pie en el barrio de la Ribera que Felipe V hizo demoler después de 1714. Un edificio que es un símbolo más de resistencia y de lucha por la libertad «.
Este espacio, según se añade, se habilitará de lunes a viernes -excepto los festivos-, para recibir «propuestas, ideas, quejas o inquietudes sobre el funcionamiento de la política europea o de nuestro país», y ofrecer ayuda en «cuestiones de políticas públicas» presencialmente. También se prevé organizar periódicamente «actos en pequeño formato en conexiones Barcelona-Bruselas», retransmisiones en directo de actos que tengal lugar en el Parlamento Europeo y encuentros telemáticos.
La formación del expresidente catalán ha acusado a España de violar «decenas de directivas y normas europeas cada año» y «a menudo» de hacerlo «perjudicando entidades, empresas y ciudadanos catalanes», y ha vinculado la apertura de la oficina con denuncias en este sentido.
«Debilitarlos es fortalecernos»
Además, Junts ha anunciado en Twitter que aplica «el principio de consumo estratégico», por lo que sus proveedores de servicios de telefonía, energía y seguros «son empresas catalanas, sin ningún vínculo con el IBEX-35«, y que , «la gran mayoría de empresas que nos proveerán los servicios son también del país».
«El camino a la independencia también es un camino de desconexión de los grandes poderes económicos de España. Debilitarlos es fortalecernos «, ha manifiestado el partido de Puigdemont, que también ha adelantado que «pedimos a las empresas con las que trabajamos que nos facturen en catalán, tal como marca el código de consumo».
