La Fiscalía ve indicios suficientes de supuestas irregularidades cometidas por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el proceso de remunicipalización de la gestión del agua. El fiscal ha solicitado por ello al Tribunal de Cuentas que continúe la investigación para determinar si el Ayuntamiento malversó fondos públicos al encargar informes a entidades afines y al organizar una consulta ciudadana, según informa El Español.
En un recurso de apelación, el Consistorio argumentó que los encargos a las entidades municipales eran «necesarios y pertinentes para el establecimiento de las estrategias de planificación y gestión» que persigue el ente municipal. Ésa fue la respuesta del Ayuntamiento a la denuncia presentada el 20 de enero por la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), parte mayoritaria de la empresa público-privada Aguas de Barcelona, la encargada de la gestión del servicio.
Sin embargo, la Fiscalía entiende que el archivo de la causa no procede porque sería «perjudicial a los intereses públicos». En su escrito, el fiscal no alberga dudas sobre sus investigaciones: «Entendemos que, independientemente de la discutida competencia del Ayuntamiento de Barcelona para las contrataciones referidas, lo cierto es que de lo actuado se deduce, en relación a las mismas, la existencia de una omisión de las normas de contratación pública e incluso una duplicidad contractual, planteándose serias dudas acerca de la necesidad de tal contratación o del acomodo de los fondos aplicados a la misma a finalidades públicas».
La denuncia presentada por la SGAB acusaba a Colau y a otros cargos municipales de destinar 875.293 euros a financiar dos actuaciones. Por un lado, los encargos de gestión a las entidades Barcelona Cicle de l’Aigua S.A. (BCASA) y Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. para la redacción de informes y planes de trabajo en pos de la «transición hacia la gestión pública del agua de la ciudad de Barcelona». Por otro, la organización de un referéndum con la siguiente pregunta: «¿Desea usted que la gestión del agua en Barcelona sea pública y con participación ciudadana?”.
