El agujero negro de la T-Mobilitat: 115 millones de euros gastados en siete años

Desde el 2015, la ATM ha destinado 20 millones de euros adicionales a contratos paralelos

La tarjeta T-Movilidad

El balance de la T-Mobilitat acumula enormes pérdidas de tiempo y de dinero invertido, y no ha dado los resultados esperados. La licitación, hecha por el consorcio público Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) en 2013, preveía una inversión de 72,6 millones de euros, y fijaba el 2015 como plazo «para disponer de la primera tarjeta T-Mobilitat». El 1 de octubre de 2014 se adjudicó la licitación a la empresa Soc Mobilitat, integrada por Caixabank, Fujitsu, Indra y Marfina (Grupo Moventia), que rebajó el precio más de dos millones, fijándolo en 70,3 millones de euros.

El contrato, firmado el 24 de octubre de 2014 establecía que la adjudicataria recuperaría la inversión con el dinero que diera la T-Mobilitat: la sociedad percibiría 1,50 euros por tarjeta vendida y 3 euros por cada tarjeta personalizada. También cobraría un 1,5% de las recargas online y por domiciliación bancaria, y un porcentaje de hasta el 2,7% en las recargas con atención personal. Por otra parte, Soc Mobilitat recibiría el 60% de los ingresos de la publicidad comercial que se insertara en la tarjeta y la aplicación móvil.

Una de las anomalías radica en el hecho de que el contrato exigía a la empresa adjudicataria que destinara anualmente dos millones de euros en publicidad, y la ATM se obligaba a aportar el 50% Así, aunque la sociedad tiene que asumir el coste de insertar la publicidad, cuenta con un millón de euros a cargo del consorcio, una aportación que la ATM no tenía ninguna obligación de asumir. Además, el consorcio también acepta aportar el 50% del dinero si Soc Mobilitat gasta más en publicidad de lo que se le exige.

El contrato de 2014 tenía una vigencia de 15 años a contar desde el día siguiente de su formalización, es decir, desde el 25 de octubre de 2014 hasta el 2029, y daba tres años y medio para desplegar completamente la T-Mobilitat. Concretamente, marcaba plazos de dos años para su desarrollo en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB); un año más -36 meses en total- para hacerlo en toda Cataluña; y seis meses más -42 desde el inicio- para retirar el actual sistema magnético.

La ATM asumió los retrasos
Sin embargo, en 2016 Soc Mobilitat se reúne con la ATM y concluyen que, «dado el estado de la implantación del proyecto y las dificultades de diferente índole surgidas» -sin más especificaciones- es necesario tramitar una modificación del contrato, «a instancia y petición expresa de la ATM».

El incumplimiento de los plazos se considera una vulneración grave del contrato cuando se superan los máximos previstos para las fases de implantación. De hecho, el escrito establece que «en ningún caso podrán transcurrir más de 24 meses desde la firma del contrato sin que haya entrado en funcionamiento la T-Mobilitat en la primera corona tarifaria», una cláusula que quedó invalidada con la formalización del segundo contrato del proyecto, el 3 de marzo del 2017.

Como la modificación se acordó unos meses antes de que se cumpliera el plazo máximo para desplegar la nueva tarjeta en la AMB (octubre de 2016), la sociedad se ahorró hacer frente a una sanción por incumplimiento de contrato. Además, la ATM asumió la responsabilidad de los retrasos causados. No obstante, como no se concretaron los motivos que causaron el primer retraso del proyecto, no es posible comprobar si la Administración fue la única responsable de los retrasos.

En 2017, pues, la ATM tuvo que pagar 12 millones a Soc Mobilitat por los retrasos imputables a la Administración, y 12 millones más por los cambios hechos en algunas cláusulas del contrato. También se modificaron los plazos: la vigencia del contrato pasó de comenzar en octubre de 2014 a hacerlo el mismo mes de 2016, y se estableció que en 2018 la tarjeta estaría desplegada en la AMB y el 2019 en todo Cataluña. Unos plazos que, nuevamente, se incumplieron y se volvieron a ampliar con otra modificación del contrato.

12,5 millones más en 2020
En 2018, el consorcio ATM y Soc Mobilitat se reunieron para establecer un nuevo calendario y elaborar una propuesta de reequilibrio a favor de la Administración, y el 19 de febrero de 2020 se formalizó la modificación. En el escrito se decretó que la adjudicataria debía pagar 14 millones de euros de indemnización a la ATM por los retrasos, pero, en lugar de abonarlos de manera relativamente inmediata, el consorcio aceptó que la empresa pague mediante una reducción de la tarifa de gestión.

Es decir, que para abonar el importe, la sociedad cobrará 0,0182 euros por cada validación en lugar de los 0,0913 que establecía el primer contrato. Además, con el fin de «evitar nuevas situaciones litigiosas la Administración procedió a suspender de facto la tramitación de las penalizaciones asociadas a los retrasos imputables al contratista«, por lo que ni la ATM ni la sociedad adjudicataria afrontarán todas las penalizaciones que les corresponden por los retrasos que ha sufrido el proyecto hasta 2020.

En este tercer contrato, se vuelve a realizar un «ajuste económico» y se añaden 12,5 millones de euros más, mientras que los plazos cambian de nuevo. La duración del contrato se alarga hasta el 23 de abril de 2033, y se establece que en 2020 la tarjeta estará desplegada en la AMB y el 2021 en toda Cataluña.

La realidad, sin embargo, es que hoy en día aún no ha terminado la fase piloto -la cual debería haber finalizado a finales del 2020- y el despliegue total de la T-Mobilitat no tiene una fecha fijada. La inversión ha pasado de los 70 millones iniciales a casi 115 millones de euros, sin contar con los 14 millones que la sociedad debe a la ATM como indemnización. Además, desde el 2015, el consorcio ha destinado 20,8 millones de euros adicionales a la contratación de terceras empresas para tareas relacionadas con la T-Mobilitat, tales como asesoría y soporte informático. Unas inversiones que no han podido evitar el último fracaso del proyecto, el cierre de la web tres días después de estrenarla por un error de seguridad.

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