El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha frenado la actualización del protocolo de actuación que deben seguir las administraciones en casos de familias vulnerables afectadas por desahucios, que la Generalitat de Cataluña quiere actualizar.
El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha rechazado actualizar este documento mientras esté vigente la moratoria sobre desahucios que aprobó el gobierno de España en el contexto de la pandemia de la covid-19.
Barrientos, que ha destacado que esa normativa cambia a menudo, ve «prudente» no avanzar por el momento en la redacción del nuevo texto y seguir las normas actuales. Además, ha recordado que los jueces, basándose en los decretos vigentes, pueden suspender los lanzamientos que afectan a las personas vulnerables que no disponen de alternativa residencial, a partir de un informe favorable de los servicios sociales.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha solicitado una reunión con Barrientos para abordar la renovación del protocolo. Aragonès, durante la sesión parlamentaria de control al gobierno celebrada este miércoles, ha defendido el consenso existente en esta materia en el grupo de trabajo creado por la Generalitat, con representantes de los departamentos de la Presidencia, Justicia, Interior y Derechos Sociales.
El presidente catalán ha asegurado que necesitan «muchas más herramientas para intervenir desde el principio» en los desahucios y, en respuesta a la CUP, ha indicado que los tribunales, y no su gobierno, son los encargados de aplicar el protocolo.
