La Mesa del Parlamento ha vuelto a aceptar que el ex consejero de Cultura, Lluís Puig, refugiado en Bruselas, delegue su voto para el pleno de esta semana, el primero que será totalmente presencial desde el inicio de la pandemia de la covid-19. Lo ha hecho con los votos afirmativos de los representantes de ERC, Junts y la CUP y el voto en contra del PSC.
Los socialistas recurrieron al Tribunal Constitucional con el argumento de que no se pueden «incumplir sentencias». De hecho, los socialistas ya han anunciado que presentarán una petición de reconsideración.
El PSC argumenta que hay una sentencia del propio TC en la que se consigna que las personas que tienen una orden de detención vigente sobre «diversos delitos» no pueden disfrutar de voto delegado. En el caso de Puig, ex consejero de Cultura, dispone de esta prerrogativa desde el inicio de la legislatura, tal como decidió la Mesa presidida por Laura Borràs.
Puig ha presentado una petición para delegar su voto, al igual que tres diputados más: Mónica Palacín (ERC), Laia Estrada (CUP) y Jordi Jordan (En Comú Podem); estos dos últimos de baja por maternidad y paternidad.
Puig, en Bélgica desde el 2017, obtuvo el acta de diputado en las elecciones del 14-F. En la primera votación de la legislatura, que es la que permitió elegir la Mesa del Parlamento, no pudo participar porque la mesa de edad, con mayoría de PSC y Vox, lo impidió. En el debate de investidura de Pere Aragonès, sin embargo, ya pudo emitir su sufragio delegado en los portavoces de Junts. De momento, Bélgica ha denegado su extradición y ahora está pendiente de lo que dice la justicia europea sobre las euroórdenes.
