La Audiencia Nacional pide facturas a TV3 en una derivada del 3%

21 empresas u organismos públicos reciben requerimientos en la investigación sobre Triacom y la presunta financiación irregular de Convergència

Artur Mas
Artur Mas

Agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil han entregado requerimientos de la Audiencia Nacional a 21 empresas u organismos públicos para obtener documentación sobre supuestas facturas de empresas audiovisuales en la administración pública y en TV3, cuando estas trabajaban en campañas electorales de Convergència entre los años 2010 y 2015.

Entre los receptores de los requerimientos, según publica El Mundo, están la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Sindicatura de Cuentas, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) , el Instituto Catalán de las Empresas Culturales, los departamentos de Economía y de la Presidencia de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, ​​la productora Triacom Audiovisual SL, el conglomerado audiovisual Mediapro y la constructora Benito Arnó.

Se trata de una pieza separada del caso del 3%, sobre la presunta financiación irregular de Convergència. La investigación, que encabeza el juez Santiago Pedraz, pretende esclarecer si existió una estructura integrada por cargos de Convergència, funcionarios y empresarios para alterar concursos públicos a favor de empresarios que, a su vez, hacían donativos a las fundaciones vinculadas con el partido.

En cuanto a TV3, en concreto, el objetivo de los investigadores es obtener información de los contratos suscritos con Triacom entre los años 2009 y 2016, que proporcionaron entonces más del 81% de los ingresos de esta empresa. La sospecha de los investigadores es que Triacom ganaba concursos para producir programas y después pactaba un sobreprecio para luego desviar fondos.

Según publica La Razón, citando el contenido de un informe policial remitido a la Audiencia Nacional, las sociedades administradas por Oriol Carbó, el administrador de Triacom, y las del exdirigente de Convergència David Madí usaron «una codificación» que sugiere los investigadores que puede existir «un asesoramiento único» en cuanto a la emisión de las facturas. Madí no está imputado en esta pieza sobre Triacom, pero sí en el caso Voloh sobre la financiación del procés.

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