El juicio del caso Castor ha comenzado este lunes en la Audiencia de Castellón. Dos directivos de la empresa Escal UGS SL y la misma sociedad mercantil como persona jurídica están acusados de un delito medioambiental con riesgo grave para la salud de las personas.
Esta compañía era adjudicataria del proyecto Castor, una instalación que debía ser el depósito de gas natural más grande de España y ubicarse en la costa de Vinaròs, en Valencia junto al delta de l’Ebre. Escal UGS decidió inyectar gas natural en el subsuelo y esto produjo cientos de sismos en la zona. Algunos de ellos produjeron daños materiales en varias viviendas de la costa.
El primer acusado que ha declarado en el juicio de este caso ha sido Recaredo del Potro, ex presidente de Escal UGS. El ex directivo de la empresa ha asegurado, a preguntas de la fiscalía, que no ejercía tareas ejecutivas ni tenía poderes dentro de la compañía, según informa ACN. Además, asegura que las decisiones dependían del coordinador y director general, Carlos Barat.
Justo después, declaró el ex consejero delegado de Escal UGS, José Luís Martínez Dalmau. El acusado ha explicado que las inyecciones de gas en el depósito submarino Castor nunca superaron las presiones máximas que podía permitir la estructura. Este argumento ya lo utilizaron ambos directivos durante la fase de instrucción y los expertos lo cuestionaron.
La fiscalía pide seis años de cárcel para cada uno de los acusados, 15.600 euros de multa y una inhabilitación de tres años y medio, según Europa Press. Además, el ministerio público solicita una multa de 189.000 euros para Escal UGS y la prohibición de llevar a cabo actividades relacionadas con el subsuelo. El juicio se alargará hasta el mes de noviembre, ya que contará con once sesiones donde comparecerán 189 testigos y 39 peritos.
