En el 81º aniversario de su fusilamiento por parte de la dictadura franquista, el expresident de la Generalitat Lluís Companys ha recibido esta mañana el homenaje de cada 15 de octubre por parte del Govern y buena parte de los partidos catalanes. El acto ha servido nuevamente al independentismo para cargar contra el Estado y para comparar el asesinato en 1940 del que fuera líder de Esquerra Republicana con el embargo dictado por el Tribunal de Cuentas contra una treintena de dirigentes independentistas entre 2016 y 2017.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha equiparado de manera clara ambas situaciones: “Hoy vemos cómo se ataca el patrimonio de decenas de personas, simplemente por el hecho de haber sido responsables de la misma institución que presidía el presidente Companys”. De hecho, se ha referido a la decisión del Tribunal de Cuentas como una «causa general contra el independentismo, una causa que está guiada por la venganza y la voluntad de represión». Y ha añadido: «81 años después vemos cómo las instituciones siguen todavía sufriendo ataques de aquellos que quieren que nuestro pueblo, la nación catalana, no pueda aspirar a la máxima libertad y justicia social». El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha comentado en referencia al litigio que «hoy tenemos otro ejemplo de represión».
Desde Junts también han aprovechado el homenaje a Companys para comparar la represión franquista con el independentismo actual. Su secretario general, Jordi Sànchez, ha aseverado que «el Estado español continúa, con otros métodos pero con la misma persistencia y sed de venganza, buscando la muerte civil de un conjunto de personas». Y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha denunciado que «la persecución política que vivió Companys» continúa «bien viva por parte del Estado en contra de Catalunya».
También han participado en el homenaje el PSC y En Comú Podem. El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha dicho “respetar” la decisión del ente fiscalizador, pero ha remarcado que los avales “se ajustaban a derecho”. Y Jaume Asens, diputado morado en el Congreso, ha cuestionado que «cualquier decisión que tome un órgano como este, con el mandato caducado de sus integrantes, carece de legitimidad», en relación a un Tribunal de Cuentas cuya renovación acaban de acordar PSOE y PP.
