El cuarto aniversario del 1 de octubre coincidió con dos hechos que no ayudan a serenar los ánimos en el conflicto entre el independentismo catalán y el unionismo uniformador español. La detención de Puigdemont en l’Alguer con un nuevo ridículo del juez Llarena, y la Convención del PP en Valencia donde Pablo Casado detuvo el fuego amigo de Isabel Díaz Ayuso. Convención en que en coherencia a lo que ya hizo Ayuso en la campaña madrileña, el PP se escora a la derecha, asumiendo propuestas de Vox. Derogar la ley de la eutanasia, recortar la del aborto, detener la ley trans, y dejar en papel mojado la de la memoria histórica, fueron propuestas anunciadas por Casado. Y sin asumir la propuesta de Vox de derogar el Estado de las autonomías, ya que el PP gobierna con placidez diversas comunidades, dejó claro que si Cataluña volvía a la vía de un referéndum, aplicaría, si el PP gobierna, un 155 más radical.
El PP, con un poder judicial que le es favorable, defiende propuestas muy distintas de las que negociaba con Pujol. Derogar toda la política lingüística que rige en Cataluña, tanto en lo que se refiere al uso del catalán en las administraciones como el carácter vehicular del catalán en la escuela. Con una Constitución que se podía interpretar de diferentes maneras, Jordi Pujol implementó con el apoyo del PSC de Joan Reventós y Marta Mata y del PSUC, y la resignación del PP, la inmersión lingüística en la escuela y el uso catalán en las administraciones, algo que sólo se podía llevar a cabo exigiendo que los funcionarios públicos supieran catalán. Incluso el PP de las Islas Baleares aceptó que la lengua que se habla allí es el catalán. Esto ya es pasado, y Casado lo dejó claro en julio en Mallorca cuando dijo: «No habláis catalán. Habláis mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense».
Con la ambigüedad del texto constitucional y un poder judicial afín a la derecha cavernícola, se están dictando sentencias que dan la razón a los funcionarios que consideran una discriminación que en Valencia, Galicia o Euskadi se exija un nivel de gallego, catalán o vasco, y cuestionan el sistema educativo que rige en Cataluña. En la Convención, Casado dejó claro que si gobierna piensa ir por ese camino, que el castellano será la lengua vehicular de todos los alumnos del Estado, y que cualquier funcionario, aunque no sepa una palabra de catalán, gallego o vasco, podrá ocupar una plaza a cualquier organismo público de Cataluña, Galicia o el País Vasco. Propuesta que, todo hay que decirlo, no gusta mucho al presidente de gallego Alberto Núñez Feijoo, mucho más moderado.
Mientras Casado dejaba clara la hoja de ruta que tendrá en la Moncloa si cae el Gobierno, Carles Puigdemont fue detenido en Cerdeña. Las autoridades judiciales italianas rechazaron extraditarlo: una nueva victoria de Puigdemont como las que ha tenido en Alemania o Bélgica. Pero victorias que lo son porque hechos como el referéndum del 1-O en estos países no habrían motivado una persecución judicial por rebelión o sedición.
La Liga Norte de Umberto Bossi, hizo en los años 1996 y 1997 un referéndum sobre la independencia de la Padania y una DUI, y ni se envió a los antidisturbios de Roma a zurrar la gente que votaba, ni se procesó a nadie.
Pero que los tribunales de muchos Estados europeos no comparten la persecución por 1-O, no es una victoria que acerque Cataluña a la independencia. Lamentablemente el independentismo no hace autocrítica por haber prometido una independencia exprés que era imposible. Ni el dictamen sobre Kosovo del Tribunal Internacional de Justicia, ni los tratados internacionales daban cobertura al 1-O, por más que Raül Romeva diga lo contrario.
Mientras el independentismo no haga autocrítica, daremos vueltas en un laberinto. Ciertamente, Pere Aragonés y ERC apuestan por la mesa de diálogo y por evitar que el gobierno PSOE-Podemos caiga. Pero por más diálogo que haya no habrá referéndum pactado y la salida no será una independencia que algunos todavía creen que, si se da el momentum, tienen muy cerca.
Si cae Pedro Sánchez o las próximas elecciones generales dan la mayoría al PP con el apoyo de Vox, lo que tendremos a tocar no será la independencia, sino el final del modelo educativo de Cataluña y de que el catalán sea la lengua habitual en las administraciones.
