«El Govern presentará recurso ante el Tribunal de Cuentas para que argumente jurídicamente esta decisión». Son palabras del conseller de Economia i Hisenda, Jaume Giró, después de conocer la decisión del Tribunal de Cuentas de no aceptar como válidos los avales presentados por la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF) en respaldo a los políticos independentistas acusados de malversación pública.
Jaume Giró ha criticado duramente al órgano fiscalizador tachándolo de parcial: «Se trata de una cuestión política, tomada por un órgano político formado por personas nombradas políticamente y que tienen su mandato caducado», ha dicho en referencia a un Tribunal de Cuentas cuya renovación negocian ahora PSOE y PP. Según informa la Agencia EFE, Giró se ha referido al dictamen como una «una decisión política de venganza» y ha defendido la validez de los avales: «todos los fundamentos jurídicos que amparan el decreto ley de los avales están totalmente confirmados por el Parlament, el Consejo de Garantías Estatuarias y la Abogacía del Estado, que decidió no recurrirlo».
Para Giró, lo que demuestra que se trata de una decisión política de venganza es «que el Tribunal de Cuentas pida el embargo inmediato de todos los exaltos cargos y servidores públicos» investigados. «En todos los informes de 2011 a 2017 no encuentran anomalía alguna y, a partir de 2017 -año del referéndum de independencia-, le buscan los tres pies al gato», ha añadido.
El conseller ha anunciado asimismo que, si el Tribunal de Cuentas rechaza el recurso, acudirán a entidades financieras dispuestas a avalar pese a su negativa inicial.
