El Tribunal de Cuentas ha decidido rechazar el aval de la Generalitat de Cataluña con el cual los independentistas acusados de malversación por la acción de política exterior de Cataluña tenían que hacer frente a un pago cautelar de 5,4 millones de euros. La delegada instructora del procedimiento, Esperanza García Moreno, ha rechazado el sistema ideado por el ejecutivo catalán de Pere Aragonès con el cual el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) se hacía cargo del pago del dinero reclamado por el tribunal.
García Moreno ha descartado el sistema propuesto por el gobierno de la Generalitat por la duda sobre su legalidad, según ha transcendido de fuentes del mismo Tribunal de Cuentas. De hecho, El Confidencial publica que la delegada instructora interpreta que el decreto ley aprobado por el ejecutivo de Aragonès el pasado 6 de julio por el cual creó un fondo complementario de riesgos de la Generalitat no cubre supuestos de responsabilidad contable, como el que se trata en el procedimiento que se instruye en el caso de los independentistas acusados.
El Tribunal de Cuentas tenía dudas de si el gobierno catalán podía hacerse responsable de los gastos presuntamente indebidos de anteriores miembros del ejecutivo catalán sin incurrir en delitos de malversación de caudales públicos ni prevaricación. Por eso pidió a la Abogacía del Estado que se pronunciara sobre el caso, la cual declinó pronunciarse argumentando que a la haber intervenido como parte a principio del proceso y como órgano consultivo en este asunto podía incurrir en un posible conflicto de intereses.
Ahora, finalmente, el tribunal ha rechazado el aval del ICF para cubrir la posible responsabilidad contable de los líderes del proceso independentista por los gastos de Diplocat (Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña) y las denominadas embajadas catalanas en el exterior. El procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas se encuentra en la fase de garantizar la posible responsabilidad contable con fianzas, y afecta 34 ex-altos cargos y funcionarios por el desvío de fondos públicos en la promoción exterior del proceso, entre los cuales hay los expresidentes de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont y el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
