Lograr una Ley de Amnistía y celebrar un referéndum pactado con el Estado sobre la independencia de Cataluña. Ésos son en última instancia los objetivos que persigue el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la negociación que mantiene con el president del Gobierno, Pedro Sánchez, para resolver el problema político catalán. En una entrevista con el periódico argentino La Nación, el jefe del ejecutivo ha remarcado que, más allá de inversiones o cuestiones competenciales que también puedan estar sobre la mesa, prima el hecho de conseguir la completa absolución y regreso al país de los “exiliados” y una nueva votación -esta vez a la escocesa– en pos de la autodeterminación.
“Queremos hacerlo de forma acordada con el Estado. Nuestro espejo es el de Escocia, que pudo llevar a cabo un referéndum acordado con el gobierno británico. Si ha sido posible en Escocia en relación con el Reino Unido, también debe ser posible en Cataluña en relación con España. Hay instrumentos en la Constitución para que se pueda llevar a cabo un referéndum de esas características”, señala Aragonès. El president ha reconocido también en la misma entrevista que no se trata de una cuestión “baladí” y por tanto merece una “deliberación ciudadana” cuyo resultado, dice, “respetaría. Y añade: “creemos que es la vía que necesita la sociedad catalana y también la sociedad española madurar como sociedad”.
Otra de las cuestiones destacables sobre ese hipotético referéndum tiene que ver con las personas que serían llamadas a votar. Al contrario de lo que sucede en las elecciones generales y autonómicas, Pere Aragonès abogaría por abrir el sufragio a todos los residentes en Cataluña independientemente de no tener la nacionalidad española.
Sin embargo, y en todo caso, el president de la Generalitat ligaría la eventual votación a la libertad de los políticos independentistas “exiliados”. “Nuestra propuesta es que se haga un referéndum precedido de una ley de amnistía para acabar con la represión que provoca que tengamos decenas de personas en procedimientos judiciales que pueden acabar en prisión”, sostiene.
