La Federación Catalana de Fútbol (FCF), bajo la presidencia de Joan Soteras, se ha convertido en un foco de opacidad y de impunidad. Así lo refleja el escrito de impugnación de la última asamblea general de la entidad, celebrada el 30 de junio pasado en Blanes, que han presentado a los tribunales los representantes del Club Deportivo Mercantil, de Sabadell, del Club de Fútbol Santa Eulàlia, de l’Hospitalet de Llobregat, y de la Asociación de Clubes de Fútbol Aficionado de Cataluña (ACFAC).
En su denuncia judicial, estos dirigentes deportivos –que son miembros de la FCF– recogen las graves anomalías que se produjeron en la asamblea general de Blanes, donde se vulneraron de manera flagrante los más elementales principios democráticos por parte de la junta directiva y del secretario general, Oriol Camacho. En los días previos a la asamblea, un total de 400 representantes de clubes, de los 1.212 que forman parte de la FCF, presentaron una serie de peticiones, para que fueran incorporadas al orden del día de la reunión.
Entre estas demandas constaba la presencia de un notario en la asamblea, para que levantara acta de las decisiones que se tomarían; la votación secreta y con urna de los puntos del orden del día; la anulación, a causa de la crítica situación de las finanzas de la FCF provocada por la pandemia, del salario que cobra el presidente Joan Soteras (120.000 euros anuales) y de las retribuciones que se embolsan los miembros de la junta directiva de la federación; y la destitución del director general de la entidad, José Miguel Calle.
Pero el secretario general de la FCF, Oriol Camacho, rechazó con argumentos inverosímiles –que ahora han sido denunciados ante los juzgados de Barcelona– los dos puntos fundamentales que formulaban los 400 federados críticos con la gestión de Joan Soteras: la presencia de un notario en la asamblea y la votación secreta. Como recuerda la demanda judicial, el Código Civil de Cataluña establece que el voto secreto se tiene que aplicar cuando lo piden, como mínimo, el 10% de los asistentes, condición que en el caso de la FCF se cumplía con creces.
Las otras demandas sí que fueron incorporadas al orden del día de la asamblea, pero con una condición: se tenían que votar después de la aprobación de los presupuestos para la temporada 2021-22 y del plan general de actuación presentado por la junta directiva. Pero, una vez superadas estas votaciones, el secretario general se sacó otro curioso argumento de la manga: como que las peticiones de los 400 directivos (el salario de Joan Soteras, las retribuciones de la junta directiva…) afectaban al presupuesto, y éste ya había sido aprobado, entonces no tenía ningún sentido someterlas a votación, y procedió a retirarlas.
En la demanda presentada ante los tribunales se reclama que se anule la asamblea de Blanes y, entre otras medidas cautelares, se propone la invalidación del presupuesto de la FCF y la congelación de las remuneraciones que perciben el presidente, Joan Soteras, y los miembros de la junta directiva.
*La información completa de este reportaje se puede leer en la última edición del semanario EL TRIANGLE
