Chanchullo y pucherazo. Los vecinos del barrio del Poble-Sec han tenido conocimiento que el Ayuntamiento de Barcelona ha sacado a información pública, durante el pasado mes de agosto, un polémico proyecto que tendrá una gran incidencia en la vida del barrio. Se trata de una enorme residencia de estudiantes, con 468 plazas, que está previsto que se construya en la parte baja del Paralelo, en un solar de 1.800 metros cuadrados que, actualmente, ocupan una gasolinera, un taller de reparaciones y una sala de fiestas.
Un grupo de vecinos se ha puesto en contacto con EL TRIANGLE para denunciar esta anómala tramitación del proyecto, que recuerda los peores tiempos del porciolismo, cuando el Ayuntamiento aprovechaba el mes de agosto –cuando todo el mundo hace vacaciones–para colar expedientes especialmente controvertidos o conflictivos. Estos vecinos se han enterado que el plan especial urbanístico integral que prevé la construcción de esta gran residencia había salido a información pública durante el mes de agosto, concretamente en el Boletín Oficial de la Provincia del día 20 del mes pasado. De aquí su asombro y su indignación con el consistorio que preside Ada Colau y, en especial, con la teniente de alcaldía de Ecología y Urbanismo, Janet Sanz (foto), responsable directa de la tramitación de este complejo residencial.
Esta enorme residencia de estudiantes está promovida por la empresa madrileña Alba Spanish Propco I SLU, que pertenece al grupo Temprano Capital Partners, participado por el fondo canadiense Brookfield. En los últimos tiempos, los tiburones inmobiliarios han descubierto que las residencias de estudiantes son un gran negocio, con una rentabilidad de un 5%, más que los hoteles (4%) o las viviendas (3,25%). Por eso hay una gran presión para invertir en este tipo de promociones, y el Ayuntamiento de Barcelona les ha abierto las puertas.
Sin embargo, este proyecto del grupo Temprano choca frontalmente con el controvertido Plan especial urbanístico para la regulación de los establecimientos de alojamiento turísticos (PEUAT), aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona el 27 de enero del año 2017 y tumbado el pasado mes de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El PEUAT también contemplaba la normativa para la implantación de las residencias de estudiantes y las declaraba afectadas por la división de la ciudad en zonas establecida en este plan.
La avenida del Paralelo está incluida en la Zona Específica (ZE) 1. Y la normativa municipal es clara: “La Zona ZE-1 se configura como una zona de decrecimiento natural. En esta zona no se admite la implantación de nuevos establecimientos ni tampoco la ampliación de plazas de los establecimientos existentes”.
Este mes de enero pasado, el Ayuntamiento aprobó inicialmente una modificación del PEUAT, que todavía no ha entrado en vigor. En cuanto a las residencias de estudiantes, mantiene la prohibición de su implantación en la ZE-1 y, además, limita el número máximo de plazas a 350.
La empresa promotora negoció la compra de estas fincas del Paralelo cuando estaba vigente el primer PEUAT, y presentó el proyecto al Ayuntamiento el 21 de octubre del 2019. Todo ello es muy extraño, afirman los vecinos, porque el grupo Temprano sabía que, según la normativa vigente, en este lugar del Paralelo estaba totalmente prohibido hacer una residencia de estudiantes. Además, los servicios técnicos municipales detectaron numerosas deficiencias en el proyecto presentado por la empresa madrileña.
Pero el grupo Temprano ha encontrado en la primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, su “ángel de la guarda”. Contraviniendo aquello que marca el PEUAT, Janet Sanz impulsó un convenio urbanístico, aprobado el 31 de julio del año pasado, que avalaba la construcción de dos residencias de estudiantes, una de ellas la de la avenida del Paralelo 25-37.
Con este convenio en la mano, la empresa promotora volvió a presentar el proyecto el 30 de octubre del año pasado, ahora bajo la figura de un Plan especial integral de mejora urbana (PEIMU). Pero, nuevamente, los servicios técnicos encontraron muchas carencias y la Comisión de Arquitectura, la Agencia de la Energía, los Servicios de Movilidad y los Servicios de Licencias del Ayuntamiento pusieron varias objeciones.
A comienzos de este mes de julio pasado, según ha sabido EL TRIANGLE, la empresa estaba a punto de tirar la toalla. Pero, en cuestión de días, los trámites se aceleraron y el PEIMU llegó a tiempo de ser aprobado inicialmente en la comisión de gobierno del Ayuntamiento del 22 de julio pasado, y así se dio paso al periodo de información pública –que tiene un mes de duración– previo a la aprobación definitiva, que tendrá que hacer el plenario municipal. En el informe técnico-jurídico que sustenta esta aprobación inicial se hace constar que faltan todavía muchos requisitos por cumplimentar, como por ejemplo la aprobación del consejo de distrito o la de la Autoridad Metropolitana del Transporte.
Pero Janet Sanz tiene prisa, demasiada prisa. ¿Por qué?
*El contenido íntegro de este reportaje lo puedes leer en la revista EL TRIANGLE de esta semana
