La Audiencia Nacional ha dado el visto bueno al juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Voloh, para que investigue si una operación de compraventa de gas licuado que pudo haber enmascarado la financiación ilegal de un partido político u otra operación irregular, según publica El Periódico citando el contenido de un auto judicial.
El negocio, realizado entre una empresa rusa y otra china, aparecía en conversaciones entre el empresario ruso Alexander Dmitrenko y el jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado que se archivara la investigación sobre aquel negocio, cuyas indagaciones consideraba que eran «prospectivas» y que vulneraban los derechos y las libertades más fundamentales.
Sin embargo, la Audiencia de Barcelona ha rechazado anular la parte de la causa referente a la compraventa de gas. Su sección 21 defiende que la investigación, que el juez Aguirre había encargado a la Guardia Civil, ha sido razonada y es «necesaria, útil y pertinente», y que debe mantenerse porque tiene como objetivo indagar sobre la presunta comisión de delitos de malversación y tráfico de influencias, además de la posible financiación irregular de un partido político.
Asimismo, siempre según El Periódico, la Audiencia ve «similar» esta operación de compraventa a la que efectuó Rusia a favor de una empresa relacionada con Matteo Salvini, que sirvió para financiar a la Lega, y destaca que ni Alay ni Dmitrenko tienen «antecedentes en el negocio del petróleo» o del gas licuado.
