La Fiscalía empieza la investigación en el ICF por los avales a los condenados por el Tribunal de Cuentas

El Ministerio Fiscal ha citado a declarar a los miembros independientes de la junta de gobierno del Instituto Catalán de Finanzas

El Tribunal de Cuentas (Madrid)

La Fiscalía ha iniciado la investigación contra el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por haber aprobado los avales a los independentistas encausados por el Tribunal de Cuentas. Según avanza el ARA, el Ministerio Fiscal ha citado a declarar a los miembros independientes de la junta de gobierno del ICF que participaron en la reunión para conceder los avales. El fiscal ha iniciado la investigación por los miembros de la cúpula del instituto que no avalaron la decisión, todos ellos sin militancia política y nombrados en anteriores legislaturas por el Departamento de Economía. Los integrantes independientes de la junta son los economistas Rafael Abella, Albert Vilumara y José Luis Peydró, que votaron en contra de los avales, y el consejero delegado de la institución, Víctor Guardiola, que se abstuvo.

La investigación tiene el origen en una denuncia que puso Ciudadanos por un presunto delito de malversación de fondos públicos, a pesar de que para admitir la demanda, el fiscal hizo una resolución técnica en que no concretaba por qué delitos quería investigar a los responsables del ICF, sin asumir de forma íntegra la denuncia presentada por Cs. La Fiscalía descartó investigar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el consejero de Economía, Jaume Giró, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, los cuales están pendientes de otro procedimiento por una querella presentada por Vox y Convivencia Cívica Catalana al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el cual decidirá si la admite a trámite.

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) consideró que el decreto que amparaba la concesión de los avales era constitucional, mientras que el gobierno central no presentó ningún recurso en los tribunales. El CGE defendió que la creación del fondo complementario de riesgos va dirigida a «defender los intereses propios» del Govern cuando considera que ha ejercido sus competencias «de manera conveniente y ajustada al marco estatutario y al ordenamiento jurídico», en referencia a la actividad exterior, y descartó que fuera un derroche de recursos afirmando que «no compuerta ni mucho menos un supuesto, por acción ni por omisión, de sustracción de dinero público».

La junta de gobierno del ICF no aprobó los avales por unanimidad, puesto que el consejo delegado, Víctor Guardiola, se abstuvo y los tres economistas independientes votaron en contra. Votaron a favor los miembros que son altos cargos de la Generalitat, en concreto, la secretaria de Asuntos Económicos, Matilde Villaroya; la secretaria general de Salud, Meritxell Masó, y Albert Castellanos, que tuvo que usar su voto de calidad como presidente del ICF para desempatar. El también miembro de la junta Lluís Juncà no fue a la reunión para cumplir con los requisitos de quórum que contemplan que para decidir había de haber más independientes que políticos.

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