El rey emérito de España, Juan Carlos I, recibió notificaciones por parte de la Fiscalía cuando se abrieron cada una de las investigaciones sobre su patrimonio, revela El País en una información que especifica que las dos primeras notificaciones se remitieron antes de que , el 9 de diciembre de 2020, el exjefe de Estado comunicara públicamente, a través de su abogado, que había presentado «sin requerimiento» previo su primera regularización fiscal, por 678.000 euros.
El hecho de que dos notificaciones se produjeran antes de la regularización podría impedir que Juan Carlos I fuera exonerado del delito fiscal, ya que el artículo 305.4 del Código Penal indica que queda exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria (…) antes de que la Administración tributaria notifique la iniciación de actuaciones para determinar las deudas tributarias, o antes de que el Ministerio Fiscal «interponga querella o denuncia contra él», o que «el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».
Según añade El País, citando fuentes de la investigación, el teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos comunicó en junio, en noviembre y diciembre de 2020 la apertura de las investigaciones a Juan Carlos I, con unos escritos de los que consta justificante de recepción y que incluían una invitación a personarse en las diligencias, que el rey emérito descartó. En caso de haberse personado, no habría podido alegar desconocimiento formal.
