La junta de Joan Laporta se debate todavía al límite del calendario sobre cómo desplegar esa encerrona contra la anterior directiva, de Josep Maria Bartomeu, en la asamblea ordinaria fijada para el 16 o 17 de octubre próximo, en función del día y la hora señaladas para el Barça-Valencia.
La reunión de la junta de ayer sirvió solo para reafirmar la fecha, más o menos previsible. Sobre el contenido y orden del día apenas novedades, únicamente la cifra del presupuesto de ingresos para la actual temporada de 765 millones de euros. Las pérdidas se confirman también con esos 481 millones sobre los que no existe, o no se conoce al menos, la estrategia de responsabilidad que quiere plantear la junta de Laporta.
Por lo que ha trascendido, su criterio es el de unos 90 millones de pérdidas atribuibles a la Covid, 138 millones a una provisión por venta de jugadores por debajo de su coste de adquisición, otra por riesgos legales no determinada aún y el resto déficit de gestión que Laporta le quiere endosar a Josep Maria Bartomeu, aunque dimitió el 27 de octubre de 2020, y a la Comisión Gestora en un alarde de interpretación de la contabilidad que promete convertirse en un conflicto de final inevitable en los tribunales.
Si había más detalles, la directiva portavoz, Elena Fort, no los explicó directamente porque se perdió buena parte de la reunión. Prefirió asistir a un acto del IHub del club, sin que del anterior portavoz del club, Josep Vives, se tenga noticia alguna.
El comunicado hecho público por el club sí avanza la intención de presentar reformas estatutarias, como el alta telemática de los socios visto que la apertura del libre acceso no ha funcionado para nada y la reducción de los mandatos a cinco años. Si hay otras, que parece que sí, no se conocerán hasta veinte días antes de la asamblea, eso si no se les pasa el plazo como en la asamblea extraordinaria del 20 de junio pasado.
Para lo que sí hay fecha es para la presentación de la Due Diligence a cargo del CEO, Ferran Reverter, el 6 de octubre a diez días de la asamblea para calentarla convenientemente en contra de Bartomeu, según el plan previsto.
Una asamblea, por tanto, que sigue envuelta en misterios, ocultaciones y falta de trasparencia, en buena parte porque los propios abogados buscan formas y trucos legales para transformar toda la creatividad contable de Laporta en una liquidación anticipadamente polémica si él y su junta no quieren hacerse responsables, tal y como los estatutos lo exigen.
Cuando Laporta hablaba de hacer malabares se refería sobre todo a quitarse de encima el peso muerto de unas pérdidas que, gracias al voto de censura, será imposible achacar a Josep Maria Bartomeu. La movida legal que viene será de las que hacen historia.
La convocatoria de la asamblea puede formalizarse, como máximo, quince días antes de su celebración.
