La Audiencia Nacional ha procesado por pertenencia a organización terrorista a los trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que formaban parte del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), nueve de los cuales fueron detenidos en septiembre de 2019 dentro de la operación Judas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón también procesa a nueve de los CDR por un delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.
En el acta del juez García-Castellón se dice que el Equipo de Respuesta Táctica lo formaban individuos de una «gran radicalidad» y que tenían el encargo de hacer acciones concretas y sensibles a favor de la independencia de Cataluña usando la violencia en su máxima expresión, obligando por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España.
Los procesamientos por pertenencia a organización terrorista son Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero. Mientras que a Eduardo Garzón, Esther Garcia Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva Rocabruna, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Xavier Duch Palacio y Rafael Joaquín Delgado López se les suman a este delito el de tenencia, depósito así como fabricación de sustancias o apartaros explosivos e inflamables o de sus componentes, de carácter terrorista.
El juez dice que los investigados «habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, el objetivo del cual sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para lo cual los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la misma organización tenía instalados en dos domicilios particulares».
Cuando se hizo efectiva las detenciones de la operación Judas, Jordi Ros y otros miembros de la organización habrían hecho reconocimientos de objetivos, como sería el caso de vigilancia y control de instalaciones policiales, tomada de fotografías y videos de los objetivos predeterminados. En las fotografías se ven zonas concretas y personal de las instalaciones, como accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas, agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales.
El acto judicial dice que los procesados querían atentar en Barcelona contra la Comandancia Naval, el Gobierno Militar, la Delegación de Gobierno, Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil, así como contra miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, torres de alta tensión, instalaciones a autopistas, peajes y el Parlamento de Cataluña.
