La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a los propietarios de Petromiralles, los hermanos Josep Maria i Pere Torrens y unas veinte personas más por un presunto fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en gasolineras donde se habrían desviado fondos a Andorra y Hong Kong. El delito ocurrió en Cataluña entre 2011 y 2013 y está valorado en algo más de 147 millones de euros. La Fiscalía pide para ambos 18 años de prisión por tres supuestos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, maquinación del precio de las cosas y blanqueo de capitales. A esta petición de condena se le sumarían otros 18 meses de prisión en el caso de José María Torrens, que en su momento también fue alcalde por Convergència i Unió (CiU) de Santa Maria de Miralles (Barcelona), por un delito de tenencia ilícita de armas.
Las investigaciones empezaron en 2012, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil inició una investigación sobre la posible existencia de una organización criminal que estaría cometiendo un importante fraude fiscal a través de empresas pantalla. En concreto, consistiría en la falta de liquidación de los impuestos que la actividad de distribución de productos petrolíferos genera, falsificando para lo cual sus declaraciones tributarias. La Fiscalía sitúa al frente de la trama a los hermanos Torrens, ayudados por una serie de personas, entre ellas Antonio Rodríguez Estepa y Eloy Vila Morós, quien gestionaba las sociedades y mantenía relaciones con las empresas y personas implicadas.
Según la Fiscalía, Josep Maria i Pere Torrens habrían sido los principales beneficiarios de un entramado empresarial creado expresamente para conseguir la obtención de productos petrolíferos a un precio sensiblemente inferior al de mercado. Este precio súperreducido se habría conseguido haciendo responsables de la liquidación del pago de los impuestos que el comercio de estas mercancías genera a unas empresas instrumentales (Fasto Petrol, Servicios Petrolíferos Avanzados y Scout Energy), al frente de los cuales se colocan testaferros que no abonaban el IVA. Se trata de una estrategia plenamente consciente, diseñada y llevada a cabo por los responsables de Petromiralles; es más, Josep Maria es quien financiaba el establecimiento de las nuevas empresas que se fueron creando.
Para hacerse con las ganancias ilícitas, la organización se habría servido de retiradas de dinero en efectivo realizadas por los testaferros con una periodicidad de dos o tres veces por semana, desviando estos fondos a cuentas en Hong Kong y Andorra. De acuerdo con la documentación que obra en el sumario, el importe del fraude llegaría a los 147,1 millones de euros. El inicio de esta actividad, continúa el Ministerio Público, habría tenido lugar en Cataluña, con la sociedad Fasto Petrol, y fue apadrinada por el Grupo Petromiralles. La apropiación de las cuotas de IVA posibilitó a los responsables de la trama ofrecer los productos de Fasto Petrol a un precio inferior al de sus competidores, con el que conseguían incrementar sus cifras de ventas.
