Un contrato adjudicado en 2015 por el gobierno catalán que presidió Carles Puigdemont a la empresa belga BVBA Services, para que elaborara un supuesto informe en materia de defensa, ha captado especialmente la atención de la titular del Juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García, que ha pedido más información al respecto a las autoridades belgas, según informa El País.
Se trata de uno de los 11 contratos bajo la lupa de este juzgado, por un importe sumado de casi un millón de euros, que el gobierno catalán encargó a dedo sobre fines que excedían las competencias de la Generalitat.
La investigación sobre este contrato, que se conoció el pasado mes de mayo, tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía presentada tras recibir del Tribunal de Cuentas información obtenida en el marco de las pesquisas sobre la dedicación de fondos públicos a la impulso del procés, y sobre la responsabilidad de altos cargos de la Generalitat.
Según publica El País, la juez sospecha que el contrato de BVBA Services para la elaboración de un supuesto informe era, en realidad, una tapadera para «sustraer dinero público». En este sentido, indica que los responsables públicos de la contratación no han acreditado que la transferencia se destinara al pago de un informe.
Entre otras presuntas irregularidades que añade la misma información, la Generalitat no mantuvo ninguna comunicación ni se interesó por si la empresa podía encargarse del trabajo adjudicado. La magistrada ha pedido información a Bélgica sobre la cuenta bancaria a la que el gobierno catalán abonó 4.132 euros, así como una aclaración sobre si la Generalitat hizo otras transferencias. Las autoridades belgas, según añade El País citando fuentes judiciales, ha admitido la petición y facilitará los datos.
La instructora afirma que la tarea de verificación la asumió la el sociólogo e ideólogo independentista Salvador Cardús, de quien dice que ejerció de «intermediario» y que aportó explicaciones «confusas y contradictorias» cuando declaró como testigo.
En 2015, Cardús cobró 13.636 euros del Departamento de la Presidencia por un trabajo sobre instrumentos de cooperación internacional entre Cataluña y España, otro de los contratos bajo la lupa, que corresponde a la etapa anterior a la creación de un departamento de la Generalitat dedicado específicamente a asuntos exteriores.
